¿Por qué no bajar la edad de punibilidad penal?

Por Patricia Flores

Días atrás se envió al Congreso el proyecto de ley de un nuevo sistema de responsabilidad penal para jóvenes en el que se bajaría de 16 a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves, según anuncio la titular del Mtrio. de Seguridad. Sin dudas, es muy importante que Argentina tenga una Ley de Justicia Penal Juvenil en base a los derechos humanos de los y las adolescentes.Tanto los especialistas consultados por el Mtro. Garavano (2017) como las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU hechas al Estado Argentino en junio del 2018, por UNICEF Argentina y la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF) expresan en total acuerdo que bajar la edad de punibilidad no soluciona ninguno de los problemas con los que se la pretende justificar, por el contrario, es contraproducente y regresivo. La comunidad Argentina no baja (red conformada por especialistas, organizaciones sociales y políticas contra la baja de la edad de punibilidad) enuncia los siguientes puntos claves para comprender y difundir por qué bajar la edad de punibilidad no es la solución:

NO SIRVE: Bajar la edad de punibilidad para lograr mayores niveles de seguridad es una falacia ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 14 y 15 años. Es ineficaz hacer una modificación sustancial en el código penal para incluir a una categoría de la población cuya incidencia estadística en las tasas de delito es ínfima.

EMPEORA la situación en vez de resolverla. Los delitos cometidos por los más jóvenes mayormente son contra la propiedad y no contra las personas, aplicar políticas de endurecimiento penal terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas.

UTILIZA a los adolescentes como “chivo expiatorio” de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, delincuencia, abandono de políticas del Estado cuando son sobre los que más impacta la pobreza e indigencia, el recorte de las políticas educativas y de salud, la violencia institucional Es necesario que el Estado garantice educación, oportunidades concretas, trabajo para sus familias, promoción de sus derechos, las condiciones para que los adultos puedan ejercer su cuidado y protección.

CONFUNDE sobre el fondo de la cuestión: Es necesario distinguir dos discusiones: La necesidad de establecer un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos no implica bajar la edad de punibilidad. Un nuevo sistema penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías de lxs adolescentes debe regir para la franja de 16 y 17 años. Y para los de 14 y 15 años que hoy pudieran estar privados de libertad, no es cierto que haya que incorporarlos al sistema penal para garantizar sus derechos constitucionales; si esto fuera así, quedarían por fuera de esas garantías todxs lxs menores de 14 años.

Es INCONSTITUCIONAL, al violar el principio de no regresividad: no se puede retroceder en un derecho. En el caso de la edad de punibilidad, establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, bajada a 14 durante la dictadura en 1976/1980, y vuelta a establecer a poco de retornar a la democracia en mayo de 1983, en los 16 años, volver a bajarla sería afectar los derechos adquiridos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años.No sería congruente respecto del conjunto de derechos y obligaciones de las personas en función de la edad: 16 años es la edad estipulada en la Argentina a partir de la cual se adquieren derechos y obligaciones: derecho a votar, a trabajar, a decidir plenamente sobre el propio cuerpo, y se alcanza la punibilidad penal. Sería incoherente que una persona pueda ser castigada penalmente antes de los 16 pero no pueda ejercer el resto de sus derechos. Estado social antes que penal. El Estado debe garantizar a los niñas, niños y adolescentes por mandato constitucional y convencional de derechos humanos, todos sus derechos. En los casos en que algún niño, niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061 y en las leyes provinciales de protección, por su situación de vulnerabilidad. Los adolescentes no son el problema de la inseguridad. El nuevo régimen debería apuntar a la prevención. Los adolescentes requieren de un proyecto de vida, y su lugar es la escuela que junto a políticas sociales que promuevan el deporte y la salud son la mejor estrategia para la prevención del delito y la contención como sujetos de derecho.La especialización de la justicia juvenil implica un abordaje socioeducativo en todas las instancias del proceso penal. Proponer la baja de edad de punibilidad mientras se vacían, desfinancian y cierran las políticas públicas de inclusión, lejos de una solución a la sociedad, es una hipocresía.

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