Contra la hipoteca de Macri

por Gerardo  Burton
El diputado nacional (FpV) Darío Martínez presentó ayer viernes un proyecto de ley para que no se puedan constituir “en ningún caso” como garantía “directa o indirecta” los recursos naturales en operaciones de crédito.
De esta manera se procura neutralizar dos decretos firmados por el presidente Mauricio Macri que habilitan al gobierno nacional a poner los recursos naturales -gas, petróleo, litio, otros minerales estratégicos- y también las empresas públicas, como garantía del pago de la deuda externa. Si en los años noventa Menem vendió las joyas de la abuela, el gobierno de Cambiemos está a punto de hacer lo mismo, pero esta vez con las que pertenecen a generaciones futuras.
De esta manera, en un caso que afecta directamente a Neuquén, los hidrocarburos dejan de ser recursos estratégicos del país y vuelven a considerarse “commodities”, esto es, materias primas susceptibles de comercio como los limones que Macri pretende exportar a Estados Unidos.
Con los decretos 29 y 231 firmados este año por el Presidente y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, se habilitó la posibilidad de utilizar estos recursos como garantía ante una posible demanda de los acreedores externos. Este viernes, tres abogados -Eduardo Barcesat, Jorge Cholvis y Arístides Corti- denunciaron ante el Poder Judicial a Macri y a Peña y al ministro de Finanzas, Luis Caputo. La denuncia es por defraudación y abuso de autoridad.
En tanto, el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria emitió un documento en contra, donde asegura que “ni la dictadura se atrevió a tanto”, y en la Legislatura neuquina, el diputado Raúl Podestá (NE-FG) presentó un proyecto de declaración para rechazar el decreto 29, con la adhesión de sus pares Eduardo Fuentes, Guillermo Carnaghi, Nanci Parrilli (PJ), Ayelén Gutiérrez (FpV) y Mariano Mansilla (UNE).
El proyecto de Martínez ingresó ayer en el Congreso nacional por mesa de entradas y tiene un solo artículo. En sus considerandos, establece el carácter inembargable de los recursos hidrocarburíferos y de las regalías cuando se utilizan con el mismo fin. Además expresa que “con esta decisión de endeudamiento”, y ante una eventual cesación de pagos, la Argentina “tendrá que rematar los recursos naturales”.
Los decretos presidenciales pretenden fijar un marco jurídico nuevo para la toma de deuda en divisas, ya que habilitan la inclusión de cláusulas que autorizan a tribunales internacionales la intervención en caso de diferendos judiciales. Por caso, los embargos que realizaron los fondos buitre sobre activos argentinos tras la renegociación de la deuda en la década kirchnerista pudo hacerse porque los bonos fueron emitidos con jurisdicción en Estados Unidos o Gran Bretaña.

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