Violencia institucional en la Región

La violencia institucional recorre y aumenta en toda la región. 
Integrantes de la Prefectura asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel de la comunidad Lafken Winkul Mapu. Facundo Ferreira un niño de 12 años fue fusilado por la policía de Tucumán. En Neuquén, policías golpearon brutalmente a Facundo Agüero, dejándolo al borde de la muerte. Actualmente se encuentra hospitalizado, en estado crítico.

Estos terribles e indignantes hechos de violencia contra nuestros jóvenes tomaron notoriedad, pero no fueron los únicos. Según la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, durante el transcurso de los dos últimos años tuvimos en promedio un muerto cada 23 horas en manos de las fuerzas represivas del Estado. Llegando a contabilizar 725 asesinatos en 721 días del gobierno de Cambiemos.

En el mismo el informe se señala que “la casi totalidad de las muertes en comisarías corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones”. Asimismo, se destaca que el 50 por ciento de los casos en los que se conoce la edad de la víctima corresponde a personas de 25 años o menos.

Es decir, muchas muertes corresponden a personas que respondían al estereotipo socialmente construido de “delincuente”: eran jóvenes en situación de pobreza.

Ahora, ¿Por qué se sienten habilitados a ejercer estas violencias?

Por un discurso que coloca a estos grupos históricamente vulnerados en el lugar de chivo expiatorio. Es decir, como responsables de nuestros problemas.  Un discurso que estigmatiza a las personas jóvenes en situación de pobreza y a los pueblos originarios.

Para esta mirada clasista y racista el problema de la “inseguridad” no son las redes de trata de personas, el lavado de dinero, la inequidad en la distribución de la riqueza o las organizaciones delictivas con vínculos con el Estado.  El problema son los pibes peligrosos, los migrantes latinoamericanos o el pueblo Mapuche. Construyen un chivo expiatorio y nos corren el eje de nuestros problemas estructurales.

Recordemos que el libro de Buenas Prácticas en la Comunicación Pública, del INADI, sostiene que “el caso prototípico de la estigmatización de la pobreza es el que la asocia a la delincuencia. El prejuicio más común, utilizado de manera recurrente por los medios de comunicación, es que las personas en situación de pobreza salen a robar desde asentamientos, villas o barrios populares y que esto se vincula directamente con los crímenes y homicidios ligados a la idea de “inseguridad”.”

Asimismo, la violencia institucional se inscribe en el marco de una Criminología Mediática mundial. La cual se genera en Estados Unidos y se expande por el mundo a través de los medios masivos de comunicación y la industria del entretenimiento. Esta mirada nos propone una sociedad en guerra, dividida entre buenos y malos. En la cual el problema son “ellos”, los chivos expiatorios a los cuales hay que combatir violentamente.

Según el ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, “la criminología mediática crea la realidad de un mundo de personas decentes frente a una masa de criminales identificada a través de estereotipos, que configuran un ellos separado del resto de la sociedad, por ser diferentes y malos”.

Dicho fenómeno toma como chivo expiatorio a un grupo social: en los Estados Unidos son los negros; en Europa son los inmigrantes, los turcos en Alemania o los islámicos en Francia. Acá son los jóvenes de los barrios más vulnerables.

La violencia institucional no es una novedad. Se inscribe en prácticas violentas del Estado que no pudimos desterrar en nuestra democracia y en miradas racistas y clasistas que forman parte del sentido común de nuestra sociedad. El agravante es que en la actualidad cuentan con la legitimación del Gobierno Nacional.

Cuando ascienden al gendarme imputado en el caso Santiago Maldonado y cuando el Presidente recibe como un héroe en Casa Rosada al policía que asesinó a una persona disparándole por la espalda, se está condenado a muerte a nuevos pibes.

El freno a la violencia institucional se lo debemos poner nosotros y nosotras, el pueblo. El pueblo que puede y debe decir basta: cuestionando los discursos estigamatizantes, las políticas públicas violentas e involucrarse para construir un modelo de seguridad democrática donde el eje esté puesto en el ejercicio de los derechos de todos y todas.

Por Roberto Samar

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