Vencedores vencidos

Por Dra. en Historia Beatriz Gentile

En la Argentina, como en América latina, la transición democrática tuvo entre otras cosas, un sello distintivo: fueron tiempos marcados por la impunidad. Impunidad política, impunidad económica e impunidad jurídica.

La impunidad más que un concepto referido al orden jurídico fue una realidad histórica que configuró en gran medida el presente de estas sociedades. La ausencia de castigo frente a crímenes aberrantes y masivos prolongó una situación de injusticia permanente para con quienes fueron sus víctimas, sustanciada en la inadecuación del marco normativo, en la negación de los hechos, en la ausencia de investigación, en la parcialidad de los jueces, etc.

En la Argentina el gobierno de Raúl Alfonsín, por ejemplo, dejó en manos de los militares la primera instancia de su juzgamiento en 1984 y desaprovechó el apoyo social con que contaba para profundizar el proceso. Esto retrasó la posibilidad de ejercer justicia retributiva y resolver la “cuestión militar” en el momento en que aún sonaban los acordes del desastre de la guerra de Malvinas. Las leyes de Punto final y Obediencia debida, y luego los decretos de indultos del menemismo debilitaron en forma extrema la identificación de la sociedad con la exigencia de revisión del pasado dictatorial; al punto que pasados unos años sólo los organismos de Derechos Humanos – Madres y Abuelas de Plaza de Mayo especialmente- y las víctimas, continuaron insistiendo en la necesidad de Juicio y castigo a los responsables.

Ya es indiscutible –aunque algunos lo nieguen- que la llegada de Néstor Kirchner al gobierno en el año 2003,marcó la clara voluntad del Estado Argentino de asumir la responsabilidad por el juzgamiento de estos crímenes. Desde el año 2005 se ha venido enjuiciando a los responsables en todo el territorio argentino. Más de 1.100 miembros de las fuerzas militares y de seguridad han sido condenados, de los cuáles el 80% cumple su condena en prisiones comunes. Más de 60 Centros clandestinos de Detención han sido señalizados, entre ellos “La escuelita” de Neuquén, como parte de una política tendiente a reconstruir la memoria histórica de este pasado tenebroso.

A la criminalidad política se ha sumado la criminalidad económica de la dictadura cívico- militar. La causa en marcha contra José Martínez de Hoz, la investigación sobre la apropiación de Papel Prensa; el juzgamiento de Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, por las desapariciones de trabajadores pero también por los negociados con los militares; la investigación sobre empresas como Ford, Mercedez Benz y ahora con el hallazgo de documentación referida a la participación de entidades bancarias y financieras en el diseño de la política de saqueo implementada, señalan un camino abierto al juzgamiento de civiles cómplices del terrorismo. Casi 2000 civiles,entre empresarios, magistrados, funcionarios y eclesiásticos, están siendo investigados, aunque hasta el momento solo el 13% se halla imputado. Es necesario advertir que una violación masiva de derechos humanos no puede ejecutarse sin la participación activa de muchos y la omisión consciente de otros tantos; por lo cual cada vez que la revisión del pasado se lleva a cabo con el fin de aplicar castigo, la sospecha y posibilidad de encontrar más responsables se expande.

Por último, ningún crimen contra la Humanidad en el siglo XX pasó inadvertido en el momento de ocurrir; más bien lo que no hubo fue voluntad de intervenir para impedirlo. De lo que estamos seguros en la Argentina, y esto nos distingue y enorgullece, es que desde hace una década hay una voluntad política de ejercer justicia. Seguramente este sea un proceso con final abierto, probablemente quedarán responsabilidades por saldar y tal vez algunos se pregunten si ¿la justicia tardía, es verdadera justicia?; pero como dijera Horacio Verbitsky “La Justicia tardía es peor que la Justicia rápida, pero es mejor que la impunidad”.

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