Una Corte neoconservadora

El gobierno consiguió los dos tercios de votos del Senado que se requerían para aprobar los pliegos que designaron a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). De esta forma, se vuelven a ocupar los lugares que habían quedado vacantes luego de la jubilación de Eugenio Zaffaroni a  principios de 2015 y la renuncia de Carlos Fayt en diciembre del mismo año.

Lo curioso  es que, con Rosenkrantz, se produce el ingreso al máximo tribunal del país de un profesional vinculado con el grupo Clarín. En efecto, el flamante cortesano fundó en 1990, junto al abogado Gabriel Bouzat el estudio Bouzat, Rosenkrantz & Zbar, que reconoce entre sus clientes a corporaciones tales como Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural S.A., McDonald’s, entre otras.

Esta designación no se dio sin debates ni vericuetos. En primer lugar, estuvo marcada por el intento del presidente Mauricio Macri, a principios de 2016, de sortear la instancia del Senado para aprobar, por decreto de necesidad y urgencia, a los nuevos integrantes. Tras fuertes críticas de diversos sectores e incluso de su mismo arco político, debió dar marcha atrás con esta postura.

La aprobación de los pliegos, se da en la Cámara Baja con una discusión en puerta; el aumento del número de integrantes de la Corte, hoy dispuesto en cinco. Muchos senadores, criticaron que se designen los nuevos miembros sin hacer referencia a los diversos proyectos ya presentados para cambiar la composición de este organismo.

A su vez, los rechazos a la designación versaron sobre la composición homogénea de la Corte; históricamente fue compuesta por jueces de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y la gran mayoría hombres. En este sentido, senadoras y senadores de diferentes partidos defendieron la necesidad de establecer el cupo femenino.

La postura oficialista fue postergar estas discusiones para más adelante, “Estamos a favor del equilibrio de género. Vamos a evaluar el mejor funcionamiento para la Corte. Nosotros no estamos enamorados de ningún numero”, afirmó el presidente provisional del senado Federico Pinedo, aludiendo que resultaba indispensable tratar los pliegos ahora para garantizar el funcionamiento institucional. Sin embargo, luego de cerrada la sesión, el Ministro de Justicia, Germán Garavano, declaró a la prensa que el gobierno “no va a impulsar la ampliación de la Corte Suprema”, pero que estaría dispuesto a dar la discusión si fuese necesario.

Entre los proyectos presentados, se destaca el del bloque del Frente Para la Victoria, impulsado por el Senador por Neuquén Marcelo Fuentes, Virginia García de Santa Cruz y Juan Manuel Irrazábal  por Misiones. Aquí se propone ampliar a 13 el número de integrantes, imprimiendo un carácter federal al obligar a que haya un miembro por cada región geográfica del país. A su vez, incluye en un artículo la necesidad de que se garantice la igualdad de género y la diversidad de especializaciones de sus miembros.

 

Los nuevos miembros

Ambos abogados constitucionalistas, la principal característica que llama la atención de los ahora jueces es que ninguno adhiere a la aplicación de los tratados Internacionales de Derechos Humanos en la legislación local. Para ellos, es potestad de los jueces, decir si estos tratados se aplican o no.

En este sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se ha manifestado en contra de su designación objetando que ambos poseen una visión restringida sobre los derechos económicos y sociales “en relación con la función de los tribunales respecto de la protección de ciertos grupos vulnerables, de los avances de los estándares constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, así como su interpretación de la relación entre política y derecho”.

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