Semana 9: Sin controles no hay delitos

Sin moros en el campo

Asi encontrará la nueva gestión al Renatea: sin la eliminación del trabajo infantil ni de la trata de personas, eso si, se esperan 600 despidos y el cierre de áreas clave del organismo. Las nuevas autoridades del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), Ramón Ayala y Ranulfo Bazán, que operan bajo las órdenes de Gerónimo “Momo” Venegas, decidieron frenar las áreas clave del organismo: la fiscalización en el territorio, la registración, y las denuncias por casos de trata y explotación laboral. El plan de Venegas es volver al viejo registro (Renatre), un organismo manejado por la Uatre y las patronales agropecuarias como la Sociedad Rural, CRA, Coninagro y FAA. Dentro de este plan de desmantelamiento, las nuevas autoridades ya avisaron que echarán a 600 personas dedicadas a trabajar en el territorio.El organismo sólo manejará el seguro por desempleo, es decir, la caja con la que el Momo Venegas financió parte de su estructura política.
Entre 2013 y 2015, el Renatea realizó denuncias penales que involucraron a más de 1000 víctimas de casos de trata laboral. También registraron como peones rurales a más de 120.000 trabajadores e inscribieron a 9500 nuevos empleadores. El dato más impactante que da cuenta de lo que hizo el Renatea y no hacía Venegas es que del total de peones que figuraban en el Renatre hacia fines de 2011, sólo el 42 por ciento tenía aportes registrados por la AFIP. Actualmente, la ecuación es del 84 por ciento.


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Las nuevas autoridades dependientes del ministro Germán Garavano eliminaron el trabajo de más de tres años de investigaciones sobre violencia institucional, de género, lavado de dinero o civiles imputados en delitos de lesa humanidad. Entre los contenidos que la gestión Cambiemos decidió invisibilizar a los lectores aparecen temas sensibles para el presidente Mauricio Macri como su imputación por espionaje ilegal como jefe de Gobierno porteño, la represión en el Hospital Borda, el incendio del depósito de documentos de la empresa Iron Mountain en el que murieron diez personas o la relación de la familia de la primera dama con talleres de costura clandestinos. Los trabajadores de Infojus expresaron su “preocupación por la desaparición de miles de notas”, advirtieron que la decisión se tomó “en un contexto de vaciamiento de la agencia” –que ya despidió a 12 de sus 44 trabajadores– y que consultaron pero no obtuvieron ninguna explicación de las actuales autoridades.

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