Semana 7: Más aumentos, menos Estado

Un gobierno con pocas luces

La amenaza de quita de subsidios y de aumento en las tarifas de electricidad se hizo efectiva. El ministro Aranguren dio cuenta de los cambios en la materia y avaló subas de hasta 350, aclarando que aún resta definir las subas en el gas.

Las nuevas tarifas regirán entre el 1 de febrero y el 30 de abril, y solo representan la quita del subsidio en la rama de generación, por lo que pueden aumentar más tras esa fecha y a partir de modificaciones en la rama de transporte y distribución.

Aunque la nueva disposición prevé una tarifa social y la gratuidad en el uso de los primeros 150 kw/h por mes en los hogares de bajos ingresos, recordemos que una suba en las tarifas implica un aumento inmediato en el costo de la producción de todo tipo de bien, por lo que estamos ante un nuevo salto inflacionario y un asalto a nuestros bolsillos.

La tarifa social se subdividirá en dos. La primera apunta a los sectores beneficiarios de planes sociales u hogares más carenciados, que seguirán recibiendo 150kw/h mensuales sin cargo (una vez excedido el consumo tope afrontarán las nuevas tarifas). La otra es para los sectores de clase media baja, cuyos aumentos serán progresivos. Sin embargo, se desconoce qué características debe cumplir este último segmento aunque se sabe que quedará en manos del ministerio de Desarrollo Social su implementación.

No todo lo que brilla es petróleo

El petróleo sigue siendo un tema crucial aunque el gobierno macrista prefiera evitarlo. En la provincia de Neuquén más de 1500 puestos de trabajo se encuentran en riesgo. En Chubut, el secretario general de Petroleros Privados, Ávila declaró “le pedimos al CEO del Gobierno que se transforme en un ministro de Energía” frente a una asamblea de más de 15 mil trabajadores. La única respuesta ensayada por Aranguren fue sostener que la situación se puede superar “cobrando menos horas extras; la provincia resignando algo de regalías; las empresas aceptando que van a tener que perder por el crudo que van a exportar y la Nación aportando algún subsidio directo para aguantar esta situación”. Humo frente a tanto producto inflamable.

Luego de varios días de conflicto, el gobierno convocó a las empresas petroleras, al gobernador de Chubut y al gremio para discutir soluciones ante la continua caída del valor del barril. La propuesta acercada por Aranguren es la de mantener el petróleo subsidiado a U$S67 y a U$S55 (según la calidad). El problema principal es el de los puestos laborales, ya que con el barril a U$S30 o menos, muchos pozos y equipos de exploración están siendo desmantelados porque no son rentables. Sin embargo, esta propuesta hecha por el gobierno alcanza únicamente a las tres grandes empresas de la zona chubutense, Tecpetrol (Techint), Pan American Energy e YPF, dejando imposibilitadas de competir a las pequeñas y medianas que van, irremediablemente, camino a la quiebra y a la pérdida de más puestos laborales.

Obra pública y Procrear para pocos

Los gobernadores peronistas reclaman el envío de fondos en forma urgente para poder mantener los puestos de trabajo y concluir con las obras que van desde rutas y viviendas hasta represas hidroeléctricas. Según mediciones privadas, el Estado nacional debe girar a las provincias alrededor de $12 mil millones mensuales para sostener el ritmo y que no haya despidos. La respuesta del régimen conservador sigue siendo esquiva y arbitraria. Por ejemplo, la provincia de Neuquén recibió $500 millones mientras que, en su visita a Córdoba, Macri prometió $4000 millones para esa provincia. Al mismo tiempo, les pidió a los gremios que “pongan el hombro (…) y no se opongan a la necesidad de progresar porque queda mucho por hacer”. Rara esta forma de progreso en la que se paralizan obras, se recortan puestos laborales y se licuan los salarios.

En sentido contrario al postulado del federalismo, través del decreto 194/2016, se aumentó el índice de coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), de un 1.4% a un 3.75% anual. Esta decisión del gobierno nacional implica que Buenos Aires, siendo la ciudad con más ingresos del país, redoble el dinero que recibe del gobierno nacional. Mandatarios de diferentes provincias expresaron su rechazo a la medida entendiendo que se realiza en detrimento del conjunto de las provincias.

Siguiendo con la cuestión de la construcción, el gobierno relanzó el Procrear. Si bien aún se desconocen varios detalles, se supo que habrá diversos cambios como un aumento en los topes y en las tasas de interés y la opción para la compra de viviendas ya construidas. La cuestión de la suba en las tasas es clave porque muestra el carácter social e inclusivo del programa. Bajo el kirchnerismo el interés promediaba 17% anual. El régimen neoliberal sostiene que el mismo debe ir en paralelo a la inflación por lo que perjudicará notablemente a los sectores populares. Hay que recordarle al gobierno que el Procrear tenía características similares a un crédito hipotecario, por lo que las tasas de interés no deben ser usurarias.

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