Semana 5: No se les enciende ni una lamparita

El gobierno afirma que quitará subsidios a la energía y aumentará tarifas. Por el momento, se desconocen los mecanismos y formas de la quita, generando incertidumbre en la sociedad. El tema subsidios es por demás complejo y ha generado enormes distorsiones entre la población del país, llegándose a pagar en provincias como Neuquén diez veces más que en la CABA. A su vez, las empresas eléctricas tienen una deuda de más de $15 mil millones con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la cual se encarga de administrar la operación y despacho de la generación eléctrica. Si se sostienen las políticas del último mes en cuanto a no discriminar entre pequeños, medianos y grandes, pobres, medios y ricos, la quita de subsidios puede resultar muy perjudicial para la economía de los hogares populares. El aumento de las tarifas repercutirá fuertemente en los salarios ya castigados por la devaluación e inflación.
Otro sector que sigue sin respuestas es el petrolero. Si bien se decidió una quita en el precio del barril criollo (de U$S77 se bajó a U$S63,50) y se permitió un aumento del 6% en las naftas, la caída del valor internacional a U$S31,50 afecta seriamente la explotación hidrocarburífera. Esta crisis se ve, principalmente, en las áreas que se destinan a la exportación como lo es la Cuenca San Jorge, en Chubut. Allí más de 4500 puestos laborales están muy comprometidos. Por su parte, YPF está pensando en extender las vacaciones de 1200 empleados y mantener desactivados equipos de perforación, al igual que Pan American Energy. El ministro de Energía, Aranguren, ex CEO de Shell no ha dado respuestas a una actividad que representa el principal ingreso de las provincias patagónicas y una generación de empleo que trasciende la explotación en sí. Vaciar la empresa estatal no es una opción alejada para el gobierno neoliberal, más aun en momentos de crisis internacional y de desregulación del control y de la producción luego de la disolución de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas y las modificaciones impuestas al Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera.
Aunque no es martes, este negro miércoles 13 Macri derogó el decreto 2635 que devolvía el 15% de la coparticipación a las provincias. Este decreto había sido firmado por Cristina el 30 de noviembre tras un fallo de la Corte Suprema que obligaba devolver ese monto (en forma retroactiva) a Córdoba, San Luis y Santa Fe. Ese porcentaje que el Estado nacional retiene proviene de una vieja medida del menemismo en épocas de las AFJP que buscaba garantizar el pago de jubilaciones. A partir del decreto, todas las provincias accedían al beneficio, representando una pérdida de alrededor de $100 mil millones para la Anses, perjudicando seriamente no solo el pago de jubilaciones sino también diversos programas financiados por el organismo como el plan educativo Conectar Igualdad.

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