Reforma Laboral: Una nueva flexibilización que no incorpora reclamos de género.

Una reforma laboral podría haber sido una gran noticia: la posibilidad de incorporar más derechos para los trabajadores  y una visión de género que permita regular la organización social de las tareas de cuidados. Claro que esto no era lo esperable para un gobierno conservador y neoliberal. El proyecto del Ministerio a cargo de Jorge Triaca es básicamente una ley de flexibilización laboral que sólo beneficia a los empleadores.

Por Nora Díaz[1]

El objetivo declarado es incorporar unos 300.000 trabajadores a la economía formal por medio de los beneficios y facilidades que se les dará a los empresarios. Entre las principales modificaciones podemos mencionar:

  • Condonación de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios para aquellos empleadores que registren a su personal durante el primer año de vigencia de la ley, llegando al 100% si se realiza durante los primeros 6 meses y del 70% si es posterior.
  • Reducción de los aportes y contribuciones patronales, creando la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS)” que establece los montos mínimos no imponibles exentos de contribuciones, que serían los que corresponden a salarios de hasta $ 10.000.Las alícuotas de la CUSS se irán reduciendo para las empresas cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios, medio punto por año a partir del 2018, llegando en el 2022 a unificarse en el 19% para todos los empleadores.
  • “Redefinición” del salario para limitar las demandas indemnizatorias. Muchas empresas completan la remuneración a los trabajadores con beneficios como el pago de telefonía celular, prestación médica prepaga, uso de auto de la empresa. Se busca que los juicios laborales no incluyan a estas prestaciones como parte del salario para el pago de indemnizaciones. El presidente ya venía acusando de “mafia” a los abogados laboralistas. Cabe consignar que estas formas de remunerar a los empleados las realizan las empresas para evitar incluirlas como montos remunerativos sobre los cuales realizar aportes y calcular aguinaldo e indemnizaciones. Por supuestos, a los trabajadores despedidos esto le representa sumar pagos adicionales para coberturas de salud, telefonía, movilidad, cuando se quedan sin ingresos.

En definitiva, lo que se busca es reducir los llamados “costos laborales”, lo cual beneficia especialmente a los grupos económicos que logran sobrevivir a la menor demanda interna,  concentrando el mercado.

No sorprende entonces que podamos reconocer una sola medida que responde en una mínima parte aun reclamo histórico de los movimientos de mujeres: la extensión de la licencia por paternidad, que se aumentó a 15 días. Los sindicalistas, hombres en su mayoría, nunca incluyeron esta licencia como parte de sus reclamos. Por supuesto, estamos aún muy lejos de lograr una situación de mayor paridad como la de países escandinavos, donde la licencia es por un año y pueden tomarla indistintamente el padre o la madre o repartirla entre ambos, lo cual disminuye la discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral por contar con licencias más largas. Por otra parte, es un beneficio sólo para trabajadores registrados, no incluye a personal doméstico, ni contempla medidas especiales para la comunidad LGBTI, familias homoparentales o padres adoptantes.
La reforma que propone el gobierno no propone ninguna otra medida que permita la reorganización social de las tareas de cuidado, hoy ejercida principalmente por mujeres. No se habla de lugares de lactancia, mayor flexibilidad horaria o reducción de la jornada laboral para madres; tampoco de jardines maternales con jornada doble u horarios extendidos.
Por otra parte, el proyecto define como trabajo a toda actividad remunerada, por lo que se continúa ignorando a las labores domésticas no remuneradas como trabajo reproductivo.
La desigual distribución entre hombres y mujeres del trabajo reproductivo, es decir, todas las tareas indispensables para la reproducción de la mano de obra, como lavar y planchar, hacer la comida y aquellas relacionadas como abastecimiento de víveres y lavado de vajilla, limpieza del hogar, cuidado de niños y ancianos, limita a las mujeres sus posibilidades de educación, desarrollo profesional, participación política para tomar decisiones de poder, independencia económica al obtener remuneración por su trabajo, e incluso contar con tiempo de recreación y cuidado personal. La reorganización social del trabajo reproductivo y de cuidados necesita de políticas públicas que la propongan.
En nuestro país, las mujeres le dedicamos tres veces más de tiempo a las tareas domésticas que los hombres, ganamos 27 por ciento menos que ellos por iguales tareas, y la tasa de desempleo es mayor, especialmente entre los jóvenes: el 19,7 de las mujeres menores de 29 años no consigue trabajo, mientras que para los varones de la misma edad la tasa es del 14,8 por ciento. Como consecuencia, también la pobreza nos afecta más, especialmente a las jefas de hogar. Nada de esto es tenido en cuenta en la reforma laboral. En este marco de pérdida de derechos más que de inclusión de nuevos, la extensión de la licencia por paternidad resulta un mero parche decorativo.

[1] Lic. En Economía. Docente e Investigadora de la Facultad de Economía y Administración, Universidad Nacional del Comahue.

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