¿Qué es la Supercard?

Por Pablo Ala Rue*

La Supercard es una nueva tarjeta de crédito emitida por un consorcio de comercios que se organizan para eso. El proyecto es íntegramente privado y cuenta con el apoyo y el aliento del gobierno nacional. Tuvo su origen en las cadenas nacionales de supermercados, aunque rápidamente se sumaron los vendedores de electrodomésticos, algunas cadenas regionales de supermercados, los supermercados chinos y ahora la venta de medicamentos. Se espera que se sume el pequeño y mediano comercio para poder beneficiarse de las buenas condiciones que ofrece.

La Supercard tendrá una capacidad de compra de $ 3.000 y de financiamiento de $ 1.000, que es lo que se puede dejar para pagar más adelante. Lo más interesante es que va a cobrarle a los comercios el 1% de la transacción y al consumidor el 22% de interés por lo que quede pendiente de pago. Las tarjetas líderes -que representan la casi totalidad del mercado- cobran el 3% de arancel y en algunos casos más del doble de interés y llegan hasta el 60%.

Esta reducción en la tasa de financiación es una buena noticia para el consumidor. Ayuda a todos, especialmente a las personas de menores ingresos, a evitar la espiral acelerada a la que crece su deuda cuando paga el mínimo y deja saldos impagos.

Esta nueva tarjeta también ayuda a sostener el acuerdo de precios. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere mantener los mismos precios que regían en las góndolas el 1 de febrero de 2012. Pero tiene que permitir pequeños ajustes hacia arriba en los precios de algunos proveedores que quedaron desacomodados al momento del acuerdo. Esto se logrará compensando: se le dice a los supermercados que mantengan los precios y les paguen un poco más a esos proveedores, y que ese sobrecosto lo absorban con la diminución de lo que tienen que pagar a las tarjetas en concepto de comisiones (esta reducción del 3% al 1%).

La Supercard en contexto

Pero la medida de creación de la Supercard no termina de dimensionarse si no se la rodea de otras medidas que afectaron al sector financiero, procurando limitar sus ganancias excesivas y poniendo a los bancos a cumplir su función de intermediación del ahorro de los argentinos, volcándolo al servicio de la producción. Que abandonen sus prácticas de captar fondos a tasa muy baja o cero (lo que le pagan a los ahorristas) y la presten por períodos muy cortos a tasas fenomenales (como el 60% de las tarjetas).

¿Cuáles fueron esas medidas? Podemos mencionar las más importantes:

 -La limitación en las comisiones. Las autoridades monetarias pusieron límites en los incrementos de las comisiones que pueden cobrar los bancos por sus servicios y reglamentaron medidas que clarifican la forma en que aparecen esas comisiones, muchas veces ocultas.

-La obligatoriedad de prestar a la producción, particularmente a las PyME, el equivalente a un 5% de los depósitos a una baja tasa de interés y a largo plazo. Esto afectó muy fuertemente la disponibilidad de dinero para las empresas que están destinando a la compra de máquinas, ampliaciones y otros fines.

-La reforma que se está gestando en el mercado de capitales facilitará que medianas empresas puedan operar en el mercado captando el ahorro de los argentinos como inversión de riesgo. Esta es “una oportunidad excepcional” para modernizar este mercado, afirmó Diego Lo Tártaro, presidente de la Bolsa de la Patagonia. “Ofrecerá la oportunidad a las empresas nacionales medianas a ampliar sus instalaciones, conseguir socios a riesgo, lograr un financiamiento más económico y acorde con las necesidades, seguro y permanente”.

 Algunas de estas medidas -y muchas otras que van en la misma dirección y que serían motivo de otro artículo- fueron posibles gracias a la reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que provocó en su momento una gran discusión política. Esa reforma le da un poder de regulación mucho más amplio al Estado sobre las entidades financieras y coloca en el centro de la escena el empleo y la producción, cuyo cuidado se suma al deber de la administración monetaria.

Una muestra de la forma global en que están impactando las medidas es la autolimitación en las tasas de interés para las tarjetas de crédito que anunciaron los bancos. Recientemente la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) anunciaron una “rebaja sustancial” a una tasa actual del 40% promedio con picos de más del 50% a un máximo del 30%. Criticaron al gobierno y afirmaron que se “autorregulan” en beneficio del bolsillo de la gente. El presidente de ADEBA y del Banco Macro, Jorge Brito, afirmó que la creación de la Supercard “no nos parece razonable”. Pero cualquiera puede advertir que nada de esto hubiera sucedido si la Supercard no estuviera en marcha.

 Algunos  números

En la Argentina circulan unas 24 millones de tarjetas de crédito, que pertenecen a algo más de 15 millones de usuarios. Esto es fruto de una acelerada expansión, ya que en 2004 eran unas 5 millones. El volumen de transacciones es muy grande: aproximadamente 150.000 millones de pesos anuales y el promedio de consumo viene creciendo a un ritmo del 50% anual.

Paralelamente a la expansión, los más grandes se comieron el mercado. Visa, por ejemplo, representa hoy más del 70% de los plásticos en circulación, pertenece a 15 bancos y la emiten 40. Las tarjetas cooperativas y regionales perdieron peso relativo aunque en ocasiones ofrecen condiciones muy superiores a los consumidores y a los comerciantes.

Sacando conclusiones

Es difícil adelantar si la Supercard alcanzará el número de plásticos comparable con los que circulan hoy de Visa y Mastercard. Pero lo que queda claro es que se convirtió en una poderosa luz roja para los abusos de esas tarjetas de crédito. Un claro mensaje: “modérese o vamos a desplazarlos del mercado” que obligó a los bancos a adecuarse. Ya anunciaron mejoras en las condiciones impuestas a sus clientes, muchas veces usurarias pero envueltas en lujosos y persuasivos folletos y -en general- en un marketing formidable.

Algunos sectores concentrados desvalorizan estos esfuerzos, que claramente se inscriben en una línea: ofrecer mejores condiciones al consumidor y avanzar en la “sintonía fina”, que en este caso específico consiste en negociar -a veces duramente- con los formadores de precios para que reduzcan sus elevados márgenes de ganancias y no trasladen a precios las mejoras salariales que negocian en paritarias. Esto ayudará a administrar la inflación sin acudir a las restricciones monetarias y ajustes del gasto, que constituyen recetas ortodoxas que, además, demostraron históricamente su fracaso.

* Vicedecano Facultad de Economía Universidad Nacional del Comahue

 

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