No aclares que oscurece

Claridad y transparencia son dos cualidades que ha resaltado de manera casi hiperbólica el gobierno de Macri. Gran parte de su eje de campaña y posterior articulación discursiva ha orbitado en torno al concepto de anticorrupción que le ha sido útil para justificar despidos, persecuciones, descalificaciones, entre otras acciones gubernamentales. Todo lo que no es PRO es corrupción K. En esta simplificación y reducción del problema está el efecto que propone las bases del “relato” oficial que circula no ya en el territorio sino en los grandes medios de comunicación nacional.

Una estocada más es la presentación de la Ley de Acceso a la información pública por la cual cualquier ciudadano argentino podría solicitar información relacionada al funcionamiento de los organismos de la Administración Pública Nacional. Por eso, esta semana las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados trabajaron en el proyecto y emitieron dictamen de mayoría a favor del proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo. El tratamiento se prevé para la primera semana de mayo próximo.

Ahora bien, aunque el dictamen sea favorable en principio, al proyecto le llueven las críticas y las dudas. Por ejemplo existen alertas en relación con el “órgano garante” del cumplimiento de los pedidos de acceso. En este sentido, Paula Vargas, de Udesa, afirmó que la iniciativa del Ejecutivo “parece que promete un acceso a la información amplio y después los mecanismos elegidos los restringen”. La académica cuestionó que la autoridad de aplicación “no sea colegiada” y “no tenga un rango muy alto en el Poder Ejecutivo”. Desde Amnistía Internacional, Paola García Rey cuestionó que el texto del oficialismo es ambiguo y contiene “formulaciones generales” en respecto de las excepciones de proveer información. Otro punto cuestionado es que no quedó claro qué funcionario será el encargado de determinar si un pedido es rechazado o no.

Nadie que se precie de “honorable y honesto ciudadano” puede negar que la idea de proponer claridad en la función pública sea correcta. Pero ¿qué pasa si lo que no queda claro es la propia Ley? ¿Qué podemos pensar si es el propio gobierno quien debe informar el que garantice la información? ¿Qué decir de los rechazos informativos? Más dudas que certezas, mas opacidad que claridad ¿modus operandi del actual gobierno?

 

Por Vanesa Vega

vanesavega@manoamanonoticias.com.ar

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.