Mucho más que un par de botas locas

Tras el asesinato de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura, el gobierno nacional en conjunto salió a respaldar el accionar de las fuerzas represivas. Lo que podría pensarse como un discurso en pos de unificar criterios oficialistas, esconde el aval al resurgimiento de la violencia como estrategia que tiene el Estado para disciplinar a la población.

El pasado sábado 25, luego del desalojo de las tierras ocupadas en cercanías al Lago Mascardi, Rafael Nahuel murió como consecuencia de un disparo de 9mm y una compañera y un compañero de él resultaron con heridas de armas de fuego. El operativo se había iniciado el día 23 con la orden de expulsión de la comunidad Lafken Wincul Mapu dictada por el juez federal Villanueva. En esa instancia, varias mujeres mapuches, junto a sus hijas e hijos, fueron detenidas y precintadas.

Las masivas movilizaciones en diversas ciudades del país exigiendo justicia encontraron una dura respuesta por parte del ejecutivo nacional. Mientras la autopsia confirmaba que el proyectil que mató a Nahuel era el mismo que utiliza el grupo Albatros de la Prefectura, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encargaba de afirmar, en conferencia de prensa, que el Gobierno “no debe probar lo que hacen las fuerzas de una tarea emanada de una orden judicial”. A su vez, al momento en que se conoció que la bala ingresó por el glúteo, la vicepresidenta Gabriela Michetti sostuvo en la televisión que “el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad”.

El comunicado oficial plantea la existencia de un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y las y los militantes, producto de un inicio de fuego por parte de estos últimos. Rafael Nahuel murió como consecuencia de una bala que ingresó por el glúteo y se alojó en la axila; las dos únicas formas de que el proyectil haya hecho tal recorrido son posibles en una instancia en la que Nahuel estuviera acostado o de espaldas al momento del disparo. ¿Qué clase de enfrentamiento supone esta posibilidad?

Durante el accionar de la Triple A y los Grupos de Tareas de la última dictadura, las muertes siempre se presentaban como enfrentamientos. No obstante, las y los militantes asesinados solían presentar balazos por la espalda e, incluso, sus miembros desmembrados. Tales enfrentamientos no eran más que puestas en escena de fusilamientos.

El discurso del gobierno nacional de Macri no hace más que reforzar estas prácticas; su actitud al sostener que no tendrían ningún tipo de diálogo con la RAM profundiza dos conductas muy preocupantes: por un lado, la construcción de un enemigo interno y la estigmatización de quienes se opongan al modelo de Estado vigente. Por otro, la libertad de acción para las fuerzas de seguridad. Resulta inadmisible que quienes deben garantizar los derechos humanos en un sistema democrático, avalen formas que, lentamente, promuevan el terrorismo de Estado y la justificación de la violencia y muerte para quienes no estén de acuerdo con el modelo político y económico actual.

Santiago Maldonado murió como consecuencia de un desalojo ilegal ordenado por la justicia federal. Rafael Nahuel fue asesinado durante una acción promovida por el ministerio de Seguridad del gobierno nacional. Patricia Bullrich sigue a cargo de esa cartera, Pablo Noceti se mantiene en su puesto. Mientras tanto, la discusión por la propiedad de la tierra y la autodeterminación de los pueblos parece seguir bajo el felpudo neoliberal que sólo se puede seguir tapando hasta que encuentre su propio límite.

Sólo la organización vence al tiempo.

 

Por Emilio Cortese

 

 

 

 

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