“Milagro es la gran bruja del siglo XXI”

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta dijo que Milagro Sala “es la gran bruja del siglo XXI” y su detención “es un trofeo que exhibe (el gobernador de Jujuy, Gerardo) Morales para escarmentar a la sociedad y demostrar que una mujer, colla y pobre no puede ni debe liderar una organización como la Tupac Amaru”.

La profesional, que integra el equipo de abogados que defiende a la dirigente de la Tupac y a los demás miembros de la organización detenidos por el poder judicial jujeño, formó parte de un panel este martes en el aula magna de la Universidad Nacional del Comahue en esta capital, junto al rector de la casa de estudios, Gustavo Crisafulli. El diputado nacional Darío Martínez, que iba a participar, envió un mensaje en el que explicó su ausencia debido a la labor que debía desarrollar en la Cámara baja.

A 318 días de la detención de Milagro Sala, Gómez Alcorta afirmó que se trata de una detenida política porque está a disposición del Ejecutivo, es decir, del gobernador Morales, en condiciones de vulnerabilidad jurídica y personal en virtud de la violación de los derechos individuales, sociales y humanos garantizados por la Constitución y las leyes argentinas. Además, su detención tiene un factor simbólico para el poder feudal de la provincia de Jujuy, ya que supone un control y un disciplinamiento social ejemplares para el resto de la sociedad.

También se refirió al “equilibrio” restablecido con su detención, para las clases altas y medias de la provincia, para la corporación judicial y para la dirigencia política, poderes para quienes Milagro Sala y la organización Tupac Amaru representan una amenaza: hacen lo que el Estado no hizo en 200 años, indicó, porque sus acciones desafían la falta de educación, de viviendas, de recreación para los excluidos.

Crisafulli se refirió a la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional desarrollada a finales de septiembre en Jujuy, cuando 20 de 54 rectores fueron al penal de Alto Comedero a visitar a Milagro Sala y las demás detenidas y expresarles su solidaridad. También se refirió a la característica de feudal que tiene el poder en la provincia de Jujuy y a la connivencia entre las fuerzas políticas, los medios de comunicación social y los poderes económicos en este tema.

Consideró también el consenso entre las clases medias y altas para estas acciones y el respaldo a los poderes oligárquicos de la provincia. En esto coincidió con Gómez Alcorta, quien recordó el poder de la familia Blaquier a lo largo de la historia de la provincia, y su actuación durante la dictadura cívico militar.

Añadió que en la actualidad, la actividad de la organización es “relativamente normal” en las delegaciones de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, de Córdoba y Resistencia. En Mendoza “ya comenzaron el hostigamiento” con un equipo que el animador televisivo Jorge Lanata envió a entrevistar y que en Jujuy funcionan la escuela y la atención social, pero el trabajo de las cooperativas, la fábrica de bloques de cemento y la textil están desmanteladas. En estas dos últimas se produjo una ocupación por parte de personas ajenas a la organización. También enumeró la serie de decretos y reglamentaciones impuestas por Morales desde su asunción para desmontar la organización.

Consideró que los gobiernos de Jujuy y nacional están dispuestos a pagar todos los costos políticos por el sostenimiento de estas acciones, a tal punto que desoyen los pedidos de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general, Luis Almagro, difundió una carta a Milagro Sala en la que respalda el dictamen del grupo de trabajo de la ONU que pide su liberación.

 

Por Gerardo Burton

gerardoburton@manoamanonoticias.com.ar

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