Malvinas y la Exploración de Hidrocarburos

Por Alberto Ciampini-Diputado Nacional Frente para la Victoria – Neuquén

El conflicto en referencia a Malvinas es de larga data. Comienza en 1833, cuando Gran Bretaña ocupa ilegalmente las islas, momento a partir del cual Argentina comienza a denunciar la usurpación del Reino Unido y a ratificar su soberanía conforme a derecho internacional; pero llega a su punto más álgido en 1982, cuando el gobierno militar argentino –buscando una legitimidad que había perdido en otros frentes– toma el territorio y lleva a ambos países a lo que se conoció como la Guerra de Malvinas. Aquella aventura, que se extendió entre el 2 de abril y el 14 de junio, terminó con una derrota estrepitosa para nuestra nación (murieron 649 soldados argentinos, 255 militares británicos y tres isleños) y el comienzo del fin de la última dictadura militar.

Desde entonces, con distintas estrategias de acuerdo a cada gobierno y momento político, la Argentina sigue reclamando por medios pacíficos su soberanía sobre las islas y alrededores (Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes).

En 1990 las relaciones diplomáticas bilaterales fueron restablecidas; sin embargo, pese a los múltiples llamamientos de la comunidad internacional en favor de una solución definitiva sobre la Cuestión de las Islas Malvinas y aunque ambas partes reconocen la existencia de una disputa de soberanía, las negociaciones bilaterales no se han reanudado, debido a la negativa británica. Pocos temas en nuestro país provocan el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas y la población en general.

El Gobierno argentino se propone recuperar las islas de manera pacífica, de conformidad con los principios del Derecho Internacional. Pero a pesar de la permanente voluntad de diálogo de las autoridades argentinas y del llamado de la comunidad internacional a reanudar las negociaciones de soberanía, el Reino Unido viene agravando la situación mediante la realización de actividades unilaterales que incluyen, por un lado, la exploración y explotación de recursos naturales renovables (pesca) y no renovables (hidrocarburos) y, por otro lado, la realización de ejercicios militares (la base de Mont Pleasant es uno de los cinco enclaves militares extranjeros más grande de América).

En 2010 las relaciones entre Argentina y el Reino Unido se tensionaron todavía más, cuando el gobierno inglés anunció que diversas compañías petroleras realizarían una búsqueda de reservas de gas natural y petróleo bajo la plataforma marina alrededor de las islas. Geólogos británicos estimaban que podrían llegar a extraerse más de 60 mil millones de barriles de crudo, lo que equivaldría a unos 5 mil millones de dólares. El 2 de febrero la Cancillería argentina envió una protesta formal a Londres por el avance de la plataforma Ocean Guardian que iniciaría acciones de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de la plataforma continental argentina; el 16 de febrero la presidenta Cristina Kirchner firmó el decreto número 256 a través del cual se indica que todos los barcos que se dirijan hacia o desde las Islas Malvinas a puertos nacionales deberían contar con un permiso previo de Argentina; en febrero de 2010, senadores y diputados de todo signo político firmaron la Declaración de Ushuaia (luego convertida en Ley), reafirmando la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Con todo, el 20 de febrero llegó a las Islas la plataforma semi-submarina Ocean Guardian decidida a iniciar la exploración en búsqueda de petróleo.

El crudo descubierto en las perforaciones de prueba, sin embargo, no fue de interés comercial y la empresa Desire, que estaba operando en un primer momento, para abril de 2010 había tapado los pozos y dejado de operar en el lugar. Como consecuencia, otra compañía británica, la Rockhopper Exploration, inició la exploración usando la misma plataforma que Desire (Ocean Guardian).

Tras su primer descubrimiento de petróleo en el yacimiento Sea Lion en mayo de ese año, anunció que éste era de alta calidad.

Otras dos empresas han perforado pozos en sus áreas de concesión, sin resultados que hasta el momento justifiquen seguir con las explotaciones. Palabras de agosto de 2010 de Sam Moody, copropietario de la firma Rockhopper, expresan la potencialidad de la zona y la impunidad con la que las empresas al servicio británico han podido moverse hasta ahora: “El enojo de la Argentina es un pequeño precio a pagar por descubrir la próxima provincia petrolera”. Según Moody, su empresa se “sacó la lotería” con el hallazgo que contendría como mínimo 242 millones de barriles de petróleo, lo que significa unos 20 mil millones de dólares. El volumen de hidrocarburos comercialmente explotable, no obstante, aún no es certero y la extracción no arrancaría hasta dentro de unos años.

El actual gobierno de la presidenta Cristina Kirchner no concibe la posibilidad de que Argentina pierda las riquezas submarinas de la zona y, en consecuencia, los reclamos de la Argentina por la soberanía del archipiélago se han intensificado. A tal fin, en noviembre de 2013 el Congreso modificó ley 26.659 de hidrocarburos, previendo aplicar penas de cárcel y multas millonarias a ejecutivos y empresas que participen sin permiso de Argentina en la explotación petrolera del archipiélago del Atlántico sur. Asimismo, el pasado diciembre fue creada la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, hoy presidida por Daniel Filmus. Londres respondió entonces que “las leyes domésticas argentinas no valen en las Malvinas” y criticó las “tácticas intimidatorias” de Buenos Aires.

Nuestro país actúa y actuará dentro del marco del derecho internacional y de las reglas de la diplomacia. Es decir, rechaza de plano las hipótesis esbozadas periódicamente por la prensa británica de que Argentina podría recurrir nuevamente a la fuerza como en 1982. Cada medida planteada por nuestro gobierno es y será legal. Ilegales son los actos unilaterales británicos, sumamente graves, dado que violan las resoluciones de la ONU, cuando el Reino Unido es miembro permanente de su Consejo de Seguridad.

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