Los pueblos originarios como nuevo enemigo interno

Desde hace algún tiempo y en particular, a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, ha cobrado relevancia el histórico conflicto por la posesión de las tierras en nuestro país. A pesar de que la Constitución reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, la opinión pública moldeada por los discursos de los medios hegemónicos, vuelve a poner en el foco de la tormenta a las comunidades, no sin acusarlas y señalarlas como violentas. La metodología es simple: se construye un enemigo interno, se fogonean conflictos sociales, es decir se construye la farsa actual y se la lugar al teatro antidisturbios.

(Fotos: Gentileza)

Hace pocos días, la policía provincial realizó un desalojo violento en el Lof Fvta TV Xayen (Paraje Tratayen) a 80 km de la Ciudad de Neuquén, y en la zona conocida como Vaca Muerta. Decenas de policías, camionetas y trafics de la UESPO entraron violentamente destruyendo la tranquera y deteniendo a autoridades mapuce como el werken Diego Rosales, y a dos jóvenes kona del Lof.

Durante el procedimiento y según declaraciones radiales del fiscal Gerez, se “encontraron” armas de fuego, vainas servidas de armas de guerra, bombas molotov y drogas como cocaína y marihuana. Eso justificó las arbitrarias detenciones. El montaje busca dar legitimidad a la represión del Estado porque se instala en el colectivo social la idea de que existe un “maputerrorismo”. Al respecto, miembros de la Confederación han expresado que “Hemos soportados desde años pero sobre todo en estos últimos meses la campaña de racismo institucional que busca legitimar la represión que hoy está ocurriendo. Vivimos asediados por la policía y la gendarmería”

Pero, ¿qué hay detrás de esta avanzada contra los pueblos originarios? Se trata de un conflicto político-territorial de larga data. En noviembre del corriente año vence la prórroga de la Ley 26160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra, y a partir de la cual se implementó el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.

A saber, esta ley fue creada en el año 2006 y en Neuquén su aplicación se llevó a cabo recién en el año 2013, luego de que ser prorrogada dos veces. El programa tuvo muchas resistencias por parte del gobierno provincial, demandó unos 2 millones de pesos y se trabajó durante aproximadamente dos años y medio, en los cuales se relevaron sólo 20 de las 50 comunidades registradas. Claro, la Ley prevé el relevamiento de las

comunidades que están registradas en el Estado, es decir las que poseen personería jurídica. Pese a que la Constitución Nacional reconoce su preexistencia, la ley limita el relevamiento a quienes demuestren con papeles que existen. Así, en el caso de Neuquén donde las comunidades son 65, 15 de ellas no son reconocidas. De esos 20 relevamientos realizados, sólo 1 fue firmado por el INAÍ (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). Resumiendo: en Neuquén la Ley 26160 se aplicó 7 años después de su sanción, tras dos prórrogas, considerando a 50 a de las 65 comunidades presentes en Neuquén, relevando a 20 de esas 50, y aprobando sólo 1 de manera institucional.

La 26160 se constituye como una herramienta fundamental en el conflicto político-territorial porque promueve un concepto que es el de ocupación actual, tradicional y pública. De esta manera el relevamiento por parte del Estado arrojaría al menos dos mapas: uno tradicional, que respeta la concepción del territorio que conciben los pueblos originarios de manera tradicional; y otro mapa que da cuenta de la ocupación actual. El contraste de estos dos permite ver las tierras en disputa.

La ley además ha servido para frenar los desalojos que el Estado lleva adelante priorizando siempre los intereses de grupos concentrados, ya sea de capitales extranjeros que compran a su antojo nuestras tierras y con ello todo lo que la rodea, o por el avance sojero que en otras provincias ha provocado el desplazamiento y acorralamiento de los pueblos preexistentes.

Por Gimena Gonzalez-Eastoe

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