Los Fondos Buitre

Por Pablo Ala Rue- Profesor de la UNCO

Los bien llamados fondos buitre se sienten cerca de concretar una hazaña de negocios monumental, amparándose en una legalidad y una institucionalidad impuestas, en el marco de una legalidad de dudosa legitimidad.

El espacio para explayarnos es acotado, pero es interesante recordar brevemente los antecedentes, repasar el esfuerzo que hizo el pueblo Argentino para que el tema de la deuda deje de ser un cepo económico y político para la democracia y entender cuál es la encrucijada del presente. Que nos muestra -como en tantos otros plano- que el desarrollo está fuertemente asociado a la constitución de alianzas, tanto a nivel latinoamericano como mundial, que permitan establecer nuevas reglas e instituciones de comercio y cooperación internacional.

Una breve mirada hacia atrás

Desde la posguerra se impuso un sistema de acuerdos internacionales suscriptos “voluntariamente” por los Estados que reaseguraron los principios del desmantelamiento de la intervención estatal en la Economía (la desregulación), la eliminación de los mecanismos de protección de los sectores productivos locales mediante la administración del comercio exterior (el libre comercio) y la supresión de las restricciones al movimiento de los capitales, fueran éstos con destino a la inversión reproductiva o a la especulación financiera (libre movilidad de capitales).
Los dispositivos y la arquitectura institucional tuvieron mutaciones a lo largo de los años, pero la continuidad y profundización de estas prescripciones reforzó en América Latina la dependencia financiera externa, la desindustrialización -y con ella el desempleo y la involución tecnológica- y la reducción drástica del espacio de maniobra de las políticas económicas nacionales, que además estaban permanentemente tuteladas desde los organismos “multilaterales” hegemonizados por el pensamiento único.

La insustentabilidad del esquema se expresó en la Argentina a través de numerosas crisis, especialmente desde mediados de los 70, que desencadenaban en devaluaciones no administradas y en el incremento exponencial del endeudamiento externo. Este contexto condicionó fuertemente a la democracia, en la década del 80 limitando severamente el desarrollo y la inclusión. Y en los 90 en una estabilidad con atraso cambiario, desindustrialización, regresividad en la distribución del ingreso y expansión del consumo basado en especulación financiera y endeudamiento.
En 2001, en la fase terminal de la convertibilidad, se implementó el denominado “megacanje”, un procedimiento por el que se permutaban los bonos argentinos en circulación por otros con plazos de vencimiento más extensos que supuestamente aliviarían el peso financiero de corto plazo. Este procedimiento representó sumas millonarias en dólares para los operadores y bancos intermediarios y un perjuicio para el país que se estima superior a los 50.000 millones de dólares. Y además no impidió que el país profundizara su crisis y entrara finalmente en default, con las consecuencias que conocemos.

Un punto a destacar es que en su espiral de vulnerabilidad y dependencia del financiamiento externo se “induce” al país a incluir en sus bonos el sometimiento a la jurisdicción de tribunales extranjeros en el caso de diferendos como un modo de mejorar su acceso a los mercados financieros internacionales seriamente dañado por el sobreendeudamiento. Más adelante veremos cómo se relaciona esto con la encrucijada actual.
Como nota al pie, es interesante recorrer los diarios y las revistas de actualidad del año 2000 y 2001, previas al estallido de la crisis, para ver los testimonios de muchos economistas opinando respecto al vigor de la convertibilidad y misiones de organismos financieros internacionales y bancos extranjeros que expresaban su apoyo al rumbo de la economía argentina. Y saber que los responsables extranjeros y nacionales del negociado del megacanje fueron absueltos recientemente por prescripción de las causas judiciales que afrontaban.

La reestructuración de la deuda y el cumplimiento internacional de la Argentina

La historia reciente la tenemos todos presente. A poco de andar, el gobierno del presidente Néstor Kirchner diseñó una propuesta de reestructuración de la deuda argentina que se concretó en 2005 mediante Ley dictada por el Congreso Nacional. Esta reestructuración suponía una importante quita y plazos ampliados. Muchos analistas, tal vez los mismos que aplaudían el desempeño de la economía en el año 2000, anunciaban que la propuesta no iba a ser aceptada por los acreedores y que los efectos del default serían catastróficos. Sin embargo, luego de varias giras de funcionarios del Ministerio de Economía por el mundo, se logró el acuerdo voluntario de casi el 75% de los acreedores, que se amplió al casi el 93% en 2010 al abrirse, también por Ley del Congreso, una segunda oportunidad para quienes no se hubieran adherido en 2005.
Hay aquí un punto importante a mencionar por sus derivaciones al presente: el gobierno argentino quería dar seguridad a quienes fueran los primeros acreedores que adhirieran de que no habría luego una oferta mejor a los más reticentes. Por eso se incluyó la llamada “cláusula rufo” (por Rights Upon Future Offers) que garantizaba lo siguiente: cualquier mejor oferta que voluntariamente hiciera Argentina a otros acreedores en el futuro, se haría extensiva a quienes ya se hubieran adherido. Luego veremos por qué esta cuestión es clave en la actual encrucijada.
Este reordenamiento del endeudamiento externo permitió que en los años siguientes, hasta el presente, la Argentina cumpliera puntualmente con los compromisos asumidos, aún en escenarios en que zancadillas políticas de algunos sectores trababan al gobierno el uso de los mecanismos legales y legítimos para pagar. El caso más resonante de esto fue la aparatosa salida de Martín Redrado de la presidencia del BCRA a comienzos de 2010, luego de una puja en torno al uso de las reservas.

Las dos etapas de la reestructuración se acompañaron de otras medidas complementarias, con el pago de las sumas adeudadas al Fondo Monetario Internacional -ganando con ello autonomía respecto a las “recomendaciones de política” de este organismo- y más recientemente la exitosa renegociación con el Club de París que culminó con un acuerdo que, es bueno decirlo una vez más, muchos analistas consideraban imposible o al menos improbable. La recomposición del frente externo se completó con la resolución de prácticamente todos los diferendos que el Estado argentino tenía con empresas multinacionales (desde aerolíneas a YPF y varias otras) en distintas instancias, especialmente en el CIADI, el “tribunal” internacional en el que se dirimen estas disputas. También esto era considerado imposible por muchos analistas.

Podemos recordar aquí que los hechos que fuimos recorriendo tuvieron como marco mayor el periodo de recuperación económico más extenso y acelerado de la historia económica moderna de la Argentina, con una reconstrucción de su tejido productivo y de su sistema científico tecnológico notable. Con serias imperfecciones y asignaturas pendientes de difícil resolución, desde luego, como es el alto grado de dependencia de la importación de insumos, máquinas y repuestos y la pérdida de gravitación del capital nacional, pero que permitió una gran recuperación del nivel de actividad y con ello del empleo y de los ingresos, haciendo factible niveles de inclusión altos mediante el trabajo, la generalización de los beneficios jubilatorios y los subsidios a la población en situación de vulnerabilidad. Pero este es tema de otra columna, ahora volvamos a la cuestión de los “cabos sueltos” en el tema de la deuda externa.

Los “acreedores no reestructurados”

Los bonos que se habían emitido antes del 2001 no tenían ninguna cláusula de acción colectiva, o sea que el 7% de los acreedores no estaban forzados a acogerse a la reestructuración propuesta por la Argentina en 2005 y reabierta en 2010, aún cuando el 93% la hubiera aceptado. Este nivel de adhesión hubiera sobrado en una convocatoria de acreedores de una empresa privada en cualquier lugar del mundo (incluido EEUU) para resultar de aceptación obligatoria para la totalidad. Pero no existía, ni existe, normativa que establezca un mecanismo análogo para países “en convocatoria” o “en quiebra”.
Una pequeña parte de estos bonos no reestructurados fueron adquiridos por “Fondos de Inversión” que se especializan en identificar nichos de rentabilidad excepcional para sus “inversores”. Uno de esos nichos es, precisamente, la adquisición de deuda de países quebrados a precio vil y su posterior gestión de cobro usando todas las herramientas jurídicas, políticas, publicitarias, “periodísticas” y “de incentivos” que puedan desplegar.

En resumen…

La “cesión de jurisdicción” es la que define que hoy sea el Juez Thomas Griesa el que esté decidiendo sobre deuda soberana argentina. Y que estos Fondos, que representan alrededor del 1% del monto adeudado originalmente, puedan beneficiarse de una sentencia favorable dictada en Nueva York. Decisión que implica pagarle “de contado y en efectivo” el valor de los bonos que poseen más los intereses devengados, logrando de esto modo ganancias especulativas fabulosas, incompatibles con cualquier “buena práctica” comercial.
La ausencia de un “régimen de concursos y quiebras” para países es el vacío que impide que pueda forzarse al 7% de los acreedores a aceptar la propuesta de argentina de 2005 aunque el 93% la haya aceptado.

Y la “cláusula rufo” es lo que impide al gobierno argentino -en el dudoso supuesto en que quisiera hacerlo- a pagar lo que exige Griesa para este 1% de los acreedores en litigio en esta Corte, ya que esto implicaría la virtual implosión del acuerdo alcanzado con el 93% restante (que tendrían derecho a exigir el mismo trato, desdiciéndose de la quita que concedieron) y la legitimación de las expectativas del 6% restante de los no reestructurados, que están esperando el desenlace para replicar los procedimientos de los buitres “exitosos”, si lo fueran.
Digamos, de paso, que la cláusula rufo vence en diciembre de este año, por lo que la restricción más severa que enfrenta el gobierno argentino si decidiera acatar el fallo de Griesa no sería tal si este juez hubiera pronunciado su sentencia el año próximo. Una garrafal falta de oportunidad del juez que algunos analistas cargan, tal vez acertadamente, de connotaciones políticas.

La encrucijada

El gobierno argentino está hoy en una encrucijada, producto de una deuda que no contrajo y de un orden institucional y legal que es en buena medida un legado del neoliberalismo.
La orden judicial implica que no puede pagar a los acreedores reestructurados -el 93%- hasta que se les pague a quienes obtuvieron sentencia favorable -el 1%-. Este es el llamado “default técnico” al que está siendo empujado el país. Llamado eufemísticamente “técnico” porque Argentina tiene voluntad de pago y solvencia para cumplir sus compromisos. Incluso ha girado los fondos a Nueva York en una acertada decisión que instala claramente la tensión entre los acreedores reestructurados y el Juez Griesa y el banco intermediario norteamericano que les impiden a aquellos acceder a sus dólares
Y contra reloj, nuestros negociadores exhiben los gestos de vocación de cumplimiento argentino (incluyendo una segunda reapertura de la reestructuración, nuevamente votada por el Congreso Nacional) que no ponga en riesgo toda la arquitectura aceptada por el 97% de los acreedores en el pasado.

Algunas reflexiones finales

La posición argentina frente a los fondos buitre goza de enorme legitimidad política. No solamente ha recibido el apoyo de las naciones sudamericanas sino el apoyo de otras instancias como el G77 más China e incluso del Fondo Monetario Internacional y el propio gobierno norteamericano. E internamente prácticamente la totalidad del arco político -salvo algunos sectores minoritarios- se abroqueló en respaldo a las gestiones del gobierno e incluso conformando comitivas multipartidarias que viajaron a EEUU a realizar gestiones, reflejando que nuestro país tiene una política de Estado en esta materia.

Queda claro que la interpretación judicial rígida y descontextuada del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países elimina posibles salidas no solamente para la Argentina sino también para otros países que se podrían encaminar a salidas ordenadas, como seguramente Grecia y posiblemente España, Portugal y otros, generando un escenario de alta incertidumbre internacional.
En muchos foros internacionales se ha cuestionado esta institucionalidad nacida en la posguerra y luego profundizada en sucesivas etapas. Bajo diversas formas se construyeron consensos tendientes a modificar la lógica de funcionamiento de la economía internacional, tanto en el campo del comercio como en el de los flujos de capital, con algunos avances concretos. Y ciertamente nuestro país ha hecho importantes contribuciones en esos avances.

Sin embargo esta situación de Argentina refuerza decisivamente la necesidad de acelerar y profundizar los acuerdos entre países y bloques que pueden y deben construir una agenda compartida, que incluye no solamente objetivos de mediano y largo plazo sino el abordaje de situaciones acuciantes. Esta cuestión de los fondos especulativos y las deudas soberanas claramente es una de ellas, aunque no la única.
Terminemos evocando a la inolvidable Negra, cuando cantaba “América Latina tiene que ir de la mano / por un sendero distinto, por un camino más claro. / Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. / Tenemos muchas heridas los latinoamericanos.
Vivimos tantas pasiones con el correr de los años, / somos de sangre caliente y de sueños postergados. / Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. / Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos”.

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