Lawfare a la brasileña

Por Valentin Steimbreger

El domingo 8 de julio, por la mañana, nos enterábamos que el juez de segunda instancia Rogerio Favreto que estaba de guardia en el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre y quien se opuso a la prisión de Luiz Inacio Lula Da Silva por considerarla ilegal y arbitraria, acató un pedido de habeas corpus presentado el viernes por diputados del PT y ordenó a la Policía Federal de Curitiba liberar a Luiz Inacio Lula Da Silva ese mismo día. Pero mientras dicha policía no cumplía la orden exponiendo algo más que una supuesta duda de procedimiento jurídico y movilizaciones populares en todas las grandes ciudades de Brasil aguardaban su liberación, otro magistrado de segunda instancia, João Pedro Gebran Neto, anuló la decisión de su colega. La decisión final, y después de unas diez horas de tensión, le tocó al juez Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente del tribunal, que dejó sin efecto la decisión del colega.

Recordemos que Thompson Flores es el mismo que hace unos meses atrás, ni siquiera leyó la condena del juez de primera instancia Sergio Moro a Lula da Silva en el proceso donde fue sentenciado en un juicio plagado de arbitrariedades e irregularidades que culminó con una condena sin que surgiese ni una prueba de que haya cometido los delitos que le imputaron. Ese mismo Moro fue quien, al momento de conocerse el fallo de Favreto, se encontraba de vacaciones en Portugal y fue desde allí que llamó a no obedecer la orden de un juez de segunda instancia, algo que viola el estado de derecho y los procedimientos jurídicos más básicos. En consecuencia, la conducción petista resolvió denunciar a Moro ante el Consejo Nacional de Justicia y continuar con su campaña dirigida a esclarecer a la opinión pública internacional. Asimismo aseguraron que cuando el 15 de agosto se formalice la candidatura de Lula ante la justicia electoral se comenzará con los preparativos para un acto de lanzamiento de la campaña.

En la semana, tras lo acontecido el domingo, ciudadanos comunes presentaron recursos a la Justicia pidiendo la libertad del líder petista. Sin embargo, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Laurita Vaz, los rechazó. A esto sumémosle que la jueza federal Carolina Lebbos, que está a cargo de su ejecución penal, rechazó los pedidos de entrevista de medios de comunicación locales con el ex presidente como así también videoconferencias en actos proselitistas del PT.

El derrumbe del Estado de derecho en el Brasil es evidente y su presidente de facto Michel Temer, sin votos, solo es sustentado con el respaldo riguroso de los medios de comunicación, del mercado financiero, de las multinacionales y de los tribunales.

Esta politización extrema de la justicia en Brasil tiene un objetivo claro y es impedir que Lula se presente a las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Sabiendo que en los sondeos, él aparece como el máximo candidato a ganarlas, el juego del poder judicial es simple: encerrarlo para proscribirlo pero sin antes minar su credibilidad.

Así, queda demostrado que la legalidad es una cuestión de poder y que Lula sigue preso desde aquel 7 de abril en el cuarto piso de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba de forma ilegal y arbitraria, solo por una firme convicción de los sectores del poder de Brasil de que no sea candidato.

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