La quisieron juzgar pero se arrepintieron

Los diputados provinciales del MPN Encarnación Lozano y Claudio Domínguez retiraron el pedido de enjuiciamiento a la presidenta del Tribunal de Impugnación, Florencia Martini, por considerar que “no correspondía” hacerlo por una opinión.

La marcha atrás de los legisladores ocurrió después del rechazo generalizado de magistrados, abogados y dirigentes políticos de la provincia en relación con el pedido formulado por declaraciones periodísticas de la jueza, que había opinado sobre el nuevo código procesal penal y la aplicación de la cláusula de prisión preventiva. En rigor, se habló de un intento de “disciplinar” al Poder Judicial.

Domínguez en declaraciones radiales se retractó porque “Florencia en distintos medios aclaró y dijo que no quería decir lo que había dicho, que había sido malinterpretada”, y que por esa razón, admitió que “no correspondería un jury por una opinión”.

La jueza Martini había declarado ante el diario Río Negro sobre la reforma al código procesal penal que aprobó la Legislatura el 6 de septiembre pasado. La magistrada aseguró que ella y sus colegas seguirían aplicando el código como estaba antes de la modificación, en tanto las pautas que se introdujeron para el dictado de la preventiva son orientativas.

Añadió que el supuesto que “en lo que a mi respecta, y la mayoría de mis colegas, vamos a seguir aplicando el código como estaba antes de la reforma”. Domínguez y Lozano la acusaron entonces de mal desempeño porque realizó “una valoración política del accionar legislativo que excede el marco de sus funciones” y generó “parcialidad”.

La Asociación de Magistrados manifestó que “rechaza total y absolutamente” la solicitud de los diputados.

El código entró en vigencia el 14 de enero de 2014 e instauró el sistema acusatorio. El primero en pedir que se modificara el capítulo de la prisión preventiva fue el exgobernador, Jorge Sapag. La iniciativa nunca avanzó. Su sucesor, Omar Gutiérrez, presentó la suya en abril pasado, cuyo texto fue aprobado en general por quince votos en la última sesión. El Tribunal Superior de Justicia y la fiscalía impulsaron sus iniciativas que pretendían una reforma integral.

La prisión preventiva se dicta cuando existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Lo que se incluyó es un supuesto que prevé que los jueces pueden ordenarla cuando el imputado ponga en riesgo la integridad de la víctima o de su familia.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *