La política del Decreto para disciplinar y castigar

A través del Decreto 52/2018, el gobierno de Macri puso fin a la paritaria nacional docente, dando por tierra con una herramienta que no sólo discutía salarios, sino, y sobre todo, condiciones laborales y equiparación de derechos.

El 2018 arrancó con una embestida por parte del ejecutivo nacional contra las y los trabajadores organizados, en un contexto que tiene, por pasado reciente, la homologación de paritarias a la baja, la reforma fiscal y previsional, y una dura represión a toda la oposición. El fracaso en la convocatoria a sesiones extraordinarias para aprobar la reforma laboral, rechazada por una amplia mayoría de la sociedad, partidos políticos, la CGT y otras organizaciones, impulsó un cambio en la estrategia para aplicar una agenda contraria a los intereses de los sectores populares.

En este sentido, la firma del Decreto 52/2018, junto con el de reforma del Estado presentado días atrás, presenta a un macrismo que busca imponer, sin debate, sus políticas neoliberales en pos de evitar movilizaciones en las calles y el ámbito legislativo. Para el caso de este nuevo decreto, se busca desmantelar y disciplinar a las organizaciones sindicales mientras se fortalece, desde el poder, la construcción de enemigos internos.

Las y los trabajadores de la educación han sido una piedra en el zapato para el macrismo. En estos dos años de gobierno, los gremios docentes han representado gran parte de la resistencia contra el neoliberalismo. Con el mencionado decreto se busca un doble objetivo: por un lado, cerrar toda posibilidad de discutir a nivel nacional el piso mínimo y las condiciones generales para un proceso de recomposición salarial del sector docente, en un marco de incremento inflacionario constante.  A partir del fin arbitrario de la paritaria, el salario docente se ubicará un 20% por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil; teniendo en cuenta que, a partir de este mes, el mismo se ubicará en $9500, no hace falta ser un especialista en matemáticas para notar que el piso desde el que se parte dista enormemente del valor de la canasta básica, ubicada, a fines de 2017, en alrededor de $16 mil.

Por otro lado, la reducción en el número de representantes de la Ctera en la mesa de debate y el envío de correos a la planta docente con links para desafiliarse de sus gremios presenta una clara conducta antisindical de un Estado que, de un tiempo a esta parte, inclinó la balanza a favor de los más poderosos. Un claro ejemplo de esta política es la férrea defensa por parte del ejecutivo de avalar, únicamente, acuerdos paritarios iguales o menores al 15%.

El panorama se torna aún más complejo para las y los trabajadores de la educación privada, quienes, representados exclusivamente por el Sadop, fueron corridos del Acuerdo Marco que establece el art. 10 de la Ley 26075, habilitando una nueva mesa tripartita, sin la participación del Ministerio de Trabajo, encargado de tutelar los derechos de los trabajadores (que tampoco se hará presente con los gremios estatales), y en posición claramente minoritaria. Esta situación, en la práctica, puede abrir la puerta para que cada docente deba discutir salario y condiciones laborales directamente con su empleador, fortaleciendo a éste y generando mayor precariedad, vulnerabilidad y pérdida de derechos de los trabajadores.

En definitiva, asistimos a la imposición, por decreto, de aquella concepción del Trabajo que se esbozó en el primer borrador de la reforma laboral, en la cual se equiparaba en obligaciones y derechos al empleador y al empleado a través de la idea de cooperación entre las partes, olvidando que el primero posee capital y el segundo sólo su fuerza de trabajo. Es cierto, no resulta extraña esta estrategia de disciplinamiento y avance contra las conquistas sociales por parte de un gobierno dirigido por empresarios. Será hora, eso sí, de que el movimiento obrero organizado vuelva a ganar las calles y la agenda de debate para ponerle un freno a un macrismo que viene por todo.

 

Por Emilio Cortese

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