La migración es un derecho humano esencial e inalienable

Por Andrés Viscarra – Octubres

La Argentina se construyó a partir de las distintas oleadas de migraciones europeas, latinoamericanas y del resto del mundo. Razón por la cual nuestra nación ha integrado los distintos matices culturales y se ha nutrido de las distintas experiencias culturales, sociales y políticas de las corrientes migratorias. Al mismo tiempo que han utilizado la “fuerza de trabajo”, muchas veces en condiciones paupérrimas para usufructuar de las necesidades de la gente y someter a condiciones de “esclavitud”.

Por eso primero es entender la inmigración desde una perspectiva anclada en los Derechos Humanos, que concibe la justicia social como la defensa irrestricta de derechos e intereses populares, y pensándonos como una nación forjada al calor de las luchas emancipatorias de la Patria Grande. Es importante visualizar al inmigrante como ciudadano con derechos e historias similares, con las posibilidades de crecer y desarrollarse que cualquier persona del pueblo argentino.

Históricamente ha existido lucha contracultural  y política, que se ha podido brindar a partir de la organización del pueblo libre, a través de los organismos de derechos humanos, eclesiales, y de movimientos sociales y políticos que reivindicaron la defensa de los derechos de las personas inmigrantes, posibilitando visualizar las problemáticas, y empoderar la lucha por mayor dignidad e inclusión.

En este sentido se pudieron revertir normativas y leyes que legislaba la cuestión migratoria, que regían de la época de la dictadura militar. El proceso democrático que caracterizó la sanción de la Ley 25.871 y su Decreto Reglamentario 616/2010 permitió plantear  la obligación del Estado de promover el acceso a la residencia de los migrantes y sus familias, y a un trato igualitario y sin discriminación en el ejercicio de otros derechos fundamentales. Así, “la ruptura más evidente la constituye la perspectiva de los derechos humanos y el consecuente abandono de la doctrina de la seguridad nacional adoptada en la normativa migratoria anterior” (Domenech, E., 2008).

Las políticas migratorias reconociendo al migrante como sujeto de derechos, permitía ir resolviendo progresivamente la situación de la población migrante en la argentina. Existía la voluntad política de garantizar procesos transparentes e inclusivos, concordante con el espíritu de la ley 25.871, y anclados en los procesos de integración latinoamericana que se venían realizando. Esto era un claro ejemplo de un a cambio de paradigmas, un escenario concordante con un proyecto nacional y popular de país, que daba real valor a la unidad de los pueblos de la patria grande.

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La mirada sobre “el otro” para la alianza CAMBIEMOS

El gobierno nacional de la Alianza “Cambiemos”, implementa  a partir de las políticas neoliberales, un conjunto de medidas desde distintos sectores del Estado Nacional, con el fin de tirar por tierra las reivindicaciones y logros obtenidos en las luchas populares,  agudizando las tensiones a favor de segregar y reprimir lo que no encaje con el modelo político, social y económico que quieren imponer.

La irrupción del tema migratorio en el escenario nacional tiene como trasfondo la puja distributiva del poder, limitando derechos, modificando paradigmas, cercenando los procesos de lucha y de reivindicación política. Cuando no se quiere reconocer al “otro” como una persona con derechos, se lo  niega como ser humano, puede ser un “deposito” un “chivo expiatorio”, una “herejía” para el orgullo nacional, para el nacionalismo conservador y cipayo. En este sentido se enaltece las matices xenofóbicas, racistas y discriminatorias, de ciertos sectores de la sociedad que niegan y rechazan al “extranjero” pobre, latino y que lucha por sus derechos.

Por esta razón  realizar una reflexión crítica de la realidad actual, nos exige tener en cuenta que  los hechos no se van produciendo por casualidad y aisladamente, sino que todo sirve a los propósitos de la imposición del proyecto político encarnados en los grupos concentrados del poder económico.

La política migratoria del gobierno de macri, trasluce la visión ideológica y política sobre las migraciones y la integración de los pueblos. La  designación del Director Nacional de Migraciones Horacio “Toto” García, que entre sus antecedentes figura que fue ex secretario de la disuelta Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos en materia de Drogas y Crimen Organizado (Ufidro) una fiscalía especializada en drogas y delitos complejos,  hasta que por un informe periodístico de Pagina 12, que se lo escracha  haciendo karaoke en la casa de un abogado en causas de narcotráfico, termina fuera de esa fiscalía. Organismo que también había recibido denuncias por presunto espionaje y persecución política.

Este personaje siniestro es el responsable de aplicar las políticas migratorias para el territorio argentino, y como era de esperar según su perfil, la política migratoria actual pareciera asociar la migración a una cuestión de seguridad y control. “Durante los últimos meses observamos que la Dirección Nacional de Migraciones ha centrado su política de trabajo territorial y comunicacional en operativos destinados al control de permanencia. El reciente anuncio de creación de un Centro de Alojamiento para extranjeros en situación de irregularidad migratoria reinstala la vieja idea del extranjero como amenaza.” (Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires).

A través de un comunicado oficial, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) informó la creación de un centro para el “alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871”, Ley de Migraciones. Así, por primera vez, la Argentina contará desde el primero de septiembre con un centro de detención de migrantes.

La irregularidad migratoria ha sido siempre responsabilidad del Estado y en particular del organismo responsable. Para los Migrantes, la  primera y central preocupación e interés es la regularización migratoria y en ello se les va la vida. La irregularidad migratoria jamás ha sido delito y nunca voluntad  del migrante querer no cumplimentar con la documentación requerida.  Pero muchas veces la maquinaria burocrática se vuelve inaccesible,  existiendo distintos tipos de  trabas: simbólicas, culturales y económicas.

La historia y el presente dan muestras suficientes de que la irregularidad migratoria asimilada al delito expone a las personas, adultos y niños, a situaciones de abuso, explotación y vulnerabilidad (documento Pastoral de migraciones Neuquén).La cuestión de fondo es que vuelve asociarse la migración con el delito, y  por primera vez, Argentina tendrá una cárcel para extranjeros indocumentados, “ilegales”.

El CELS advirtió que “esto implica la criminalización de los migrantes cuya situación es irregular, asociándolos con un problema de seguridad” y Amnistía Internacional alertó que “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina, reconocida a nivel mundial por su enfoque de derechos humanos”. Un claro cambio de paradigma, en donde la ruptura no sólo se enmarca en una cuestión doctrinaria, si no que vulnera y estigmatiza a personas, grupos y comunidades enteras, alimentando visiones sesgadas y cargadas de sugestiones  delirantes.

“A los centros de detención de migrantes se los suele llamar con muchos eufemismos. Se habla de retención, alojamiento, estaciones migratorias, centros de albergue. Pero son centros de detención y lo que se hace es privar de la libertad a migrantes por una infracción administrativa”, expresa la bogada Agostina Hernández Bologna, investigadora del Programa Migración y Asilo del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.

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CRIMINALIZAR AL OTRO en nombre de la “Seguridad”

La criminalización de procesos de movilidad humana, es clave para la estigmatización de individuo que además de “pobre”, “extranjero”, “ilegal”, es un portador de “rostro”, fisonomía  que si se asienta en el eurocentrismo de algunos sectores del poder, dado que la piel oscura, mestiza y latina es el objeto de persecución e identificación criminal. En este sentido son los países latinoamericanos los que “trasladan” a grupos organizados en el delito, que son “expulsados de sus países” y llegan a la argentina a reproducir las mismas prácticas y “pervertir” el orden existente,  supuesto asentado en que las condiciones de ingreso y permanencia en el país son “livianas” o muy garantistas, dado que la estructura represiva tiene sus limitaciones.

En este sentido “la lucha contra el Narcotráfico”, política de seguridad que pone como baluarte el gobierno nacional, pretende militarizar las calles y estigmatizar a sectores de la sociedad (habitantes de la villas miserias, inmigrantes, jóvenes), a los fines de focalizar los despliegues represivos y persecutorios, en donde la  cárcel o la muerte terminan siendo los senderos posibles de algunos grupos segregados.

Las personas que cometen trasgresiones a la ley penal, son identificadas y transitan como cualquier persona por los sistemas judiciales y los sistemas de seguridad pública, en donde existen normativas, marcos jurídicos y doctrinas que también se yuxtaponen. En este sentido es indistinto su país de origen o su “portación de rostro”, las trasgresiones están tipificadas en códigos penales y son sometidas según procedimientos establecidos. Es necesario que el Estado recupere el espíritu de la Ley 25.871 orientado a la inclusión, promoción y garantía de los derechos fundamentales de quienes habitan el suelo argentino.

Existe un escenario abierto de posibles consecuencias muy negativas para los sectores populares, en donde el giro en la política irrumpe en un cambio de paradigmas que pone en riesgo los derechos humanos esenciales de las personas inmigrantes,  que termina siendo una tendencia que quiere perpetuar estructuras opresoras y deshumanizantes. En donde se prima los intereses del capital y la oligarquía nacional, a beneplácito de las políticas del imperio norteamericano.

Es por eso es que considerar la migración como un derecho humano esencial e inalienable, es posicionarse políticamente del lado de los sectores más humildes y continuar con una lucha histórica y contra hegemónico, que permite ampliar derechos y  tratar “al otro” como un hermano, un ser humano parte de la Patria Grande, por lo que la consigna “todos somos migrantes” es bandera de lucha por la dignidad de los pueblos a inmigrar.

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