Justicia social en clave de género: aborto legal

El pasado 30 de junio, se presentó por séptima vez el proyecto de ley para la legalización del aborto, dentro del marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde la primera presentación hasta la actual se han discurrido debates varios en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, pero el que más me ha interesado en lo particular es el rol de los efectores de salud, en particular la corporación médica. En primera instancia porque según la concepción ideológica de los funcionarios situados en posición de ejercer poder sobre la vida de otra persona, se garantiza o no, los derechos de las mujeres. Desde ahí siempre me he preguntado, como médica: ¿Qué sentido le damos a nuestras prácticas?, ¿Qué es la salud con perspectiva de género?

Contexto socio político

Según el Ministerio de Salud, año 2010, la tasa de mortalidad gestacional fue de 44 x 100.000 nacidos vivos y los abortos inseguros causaron el 20.5% de estas muertes, sin contar el elevado índice de subregistro, ya que la mayoría de estas muertes son informadas como  “infecciones” sin considerar que la causa ha sido un aborto inseguro; sumando también, las internación por la misma causa que ascienden a 60.000 casos anuales, con graves consecuencias para la salud de las mujeres. Todo esto le permitió al ejecutivo, al Ministerio de Salud de la Nación, elaborar una Guía Técnica de Atención de los abortos no punibles en 2007 y revisada en 2010.  En su fallo “F., A. L. s/medida autosatisfactiva”, de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en su carácter de último interprete de todo el sistema normativo del país, estableció que quien se encuentre en las condiciones descriptas en el art. 86 inc. 2 del Código Penal “[…] no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible”. De esta forma, en la Argentina toda mujer, niña y adolescente, tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo (ILE) que cursa. Se rige por los principios de autonomía, accesibilidad, no judicialización, confidencialidad, privacidad, celeridad/rápidez y transparencia activa.

Entonces . . .

Nuestras prácticas adquieren sentido cuando nos preguntamos, como efectores de salud por qué, para qué y para quienes trabajamos. Si para reproducir el modelo de dominante o para sublevar nuestras prácticas, para trasformar la realidad, para ser actores sociales?. Definitivamente  me quedo con la segunda propuesta, para ser sujetos del cambio social hay que trasformar la sociedad, hay que cuestionar al poder. Por lo tanto frente a la problemática del aborto, donde se debate el cuerpo de la mujer como control, como poder social disputado entre la hegemonía médica y las mujeres, tanto como cuerpo colectivo y como cuerpo individual, abogamos por la legalización del aborto.  Cito a Rosenberg (2010), al destacar “es seguro que cualquier mujer que no desea o no puede tener un hijx y queda embarazada contra su voluntad, está en riesgo para su salud y para su vida (…) para aceptar un embarazo es necesario poder otorgarle a éste, el sentido de trascendencia deseada de la propia sexualidad y la propia vida y no el de su avasallamiento por individuos o condiciones mortificantes. La salud, como la vida, excede ampliamente el campo de la medicina.” Por lo tanto en nuestros consultorios se acompaña a aquellas decisiones que las mujeres toman.

Y la perspectiva de género en salud… es solo pensar en clave de igualdad y equidad ambas. En el otro, como un ser complejo compuesto de millones de partes que lo hacen uno, y la construcción de ese sujeto colectivo femenino, masculino, heterosexual, homosexual, trasgénero, queer, bisexual, transexual. Pensar el proceso salud – enfermedad con perspectiva de género obliga a identificar los problemas concernientes a las relaciones entre los géneros en las ciencias de la salud. Tanto ayuda a analizar por qué hay más hombres implicados en el consumo problemático de sustancias, como por qué a las mujeres se las criminaliza frente a la situación de interrupción voluntaria del embrazo.

Frente a los avances antes citados en relación a la salud sexual y la procreación responsable desde el Ministerio de Salud, situación que se vio fortalecida en el gobierno anterior y que el actual lo va destruyendo en forma sistemática, desfinanciando la entrega de anticonceptivos, eliminando capacitaciones y no respetando aquellos derechos adquiridos. Muchos de nosotros, creemos que no basta con resistir, sino que es necesario empezar a realizar prácticas  transformadoras en salud para contrarrestar esta embestida neoliberal, porque sin salud popular y aborto legal no hay justicia social!

Si hay algo que nos enseñaron los últimos años fue revertir nuestra matriz conceptual frente  a hechos colectivos; donde el sentido común nos dice la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro, aprendimos que, la libertad de uno empieza a crecer cuando crece a libertad de los otros. La patria así, siempre es el otro.

Por eso educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

 

Romina Berazategui

Medica Clínica

MPN 4381 MPRN 6708

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.