Juicios de lesa Humanidad: “Escuelita III”

Por Javier Valdebenito

El tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante el genocidio de la última dictadura militar, en la región conocido como “Escuelita III”, comenzó el pasado 17 de octubre en el salón de la mutual Amuc. En este juicio están imputados: el ex Teniente Coronel de Inteligencia, Jorge Di Pascuale, y el ex Segundo Jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza, quienes se encontraban prófugos. También el médico militar Hilarión de la Paz Sosa, el ex jefe de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 182, Mario Alberto Gómez Arena y el ex jefe del personal del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña, Luis Alberto Farías Barrera, quienes serán juzgados por el delito de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos cometidos a 56 personas en el centro clandestino ubicado en el sede del ejercito de la ciudad de Neuquén y en las comisarias de Cutral Co y Cipolletti.

Desde organismos de Derechos Humanos, que presencian cada jornada de este juicio, valoran el proceso de enjuiciamiento que se lleva a cabo durante los últimos años en nuestro país, teniendo en cuenta que estos imputados, en su mayoría fueron condenados en la segunda etapa de la causa. Cabe destacar que éstos continuarán con los argumentos falaces que desde el primer juicio vienen sosteniendo: La teoría de los dos demonios.
La Delegada de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Dra. Beatriz Gentile, denominó a este proceso como “el cierre a la impunidad, trayendo verdad y justicia a los familiares de las víctimas”.

El sabor amargo de este juicio está relacionado con la ausencia del comisario Mendoza, uno de los responsables de torturas y apremio ilegales en la Ciudad de Cutral Co, que por razones de salud no esta imputado en esta ocasión. Las declaraciones de estos cinco imputados serán fundamentales para dar a conocer los procedimientos llevados a cabo durante la última dictadura cívico-militar. En el caso del comisario Mendoza, su labor fue señalar las casas de los detenidos/desaparecidos, por lo que se entiende fue “partícipe necesario” de los secuestros.
En medio de esta nueva etapa se renueva el compromiso del Estado Argentino, en garantizar que cada persona que ha tenido participación en la represión durante los años 1976 y 1983, sea llevado a juicio y condenado por los crímenes del Proceso. Renovando así la memoria, la verdad y la justicia que reclama nuestra sociedad.

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