Hacia la megaminería

El martes 13 de junio, el presidente Mauricio Macri firmó, con diez gobernadores, el Acuerdo Federal Minero con el que pretende derogar el código vigente desde 1993, elaborado entonces por Domingo Cavallo. Hubo tres mandatarios ausentes -Mario Das Neves, de Chubut; Carlos Verna, de La Pampa, y Sergio Casas, de La Rioja-. El neuquino Omar Gutiérrez, saludó el documento porque “marca un punto de acuerdo en el abordaje respecto al medioambiente en la actividad minera para generar más inversiones, producción y trabajo, desarrollando las economías regionales”

 

Diez mandatarios provinciales suscribieron el martes de esta semana el Acuerdo Federal Minero propuesto por el presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía, con nuevas condiciones para las inversiones mineras. Aunque el entusiasmo de Macri promete 125 mil nuevos puestos de trabajo, en realidad el nuevo documento congela en un 3 por ciento las regalías que las empresas pagarán a las provincias por la extracción de minerales, contra la franja de 5 a 10 por ciento -que también era exigua- que obligaba el anterior Código Minero impulsado por el menemismo en 1993.

Una de las cláusulas principales es la referida a los regímenes laborales, que toman como ejemplo el firmado para el sector petrolero en yacimientos no convencionales, que en la práctica flexibiliza el convenio colectivo de trabajo preexistente.

De las provincias mineras, estuvieron ausentes del acuerdo La Rioja, Chubut y La Pampa. En cambio, el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, saludó la iniciativa dado que otorga homogeneidad a la legislación vigente. Además “es un plan que marca un punto de acuerdo en el abordaje respecto al medioambiente en la actividad minera para generar más inversiones, producción y trabajo, desarrollando las economías regionales”.

El nuevo acuerdo deberá ser tratado en el Congreso Nacional y luego requiere la adhesión de las legislaturas provinciales. Gutiérrez dijo que “a partir de las ventajas comparativas que tiene en recursos cada jurisdicción, se busca interactuar en un plan de desarrollo federal en el cual cada provincia articule los capitales, fortalezca las empresas públicas, como Cormine, y se ha establecido una metodología de trabajo que tendrá garantía de continuidad para lograr el éxito, con una mesa de trabajo continua y permanente”.

De todas maneras, la habilitación de la explotación minera está en cuestión en la provincia del Neuquén sobre todo a partir de las acciones de las organizaciones ambientalistas que detuvieron los trabajos en la zona de Loncopué. En esa localidad, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué, AVAL, logró, mediante un plebiscito en 2012, prohibir la megaminería, específicamente la extracción de molibdeno por parte de una empresa china en el paraje Campana Mahuida.

El acuerdo fue suscripto también por el ministro de Energía, Juan José Aranguren; los gobernadores de Catamarca, Lucía Corpacci; de Córdoba, Juan Schiaretti; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Jujuy, Gerardo Morales; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Salta, Juan Manuel Urtubey; de San Juan , Sergio Uñac; de Santa Cruz; Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosana Bertone; por los vicegobernadores de Buenos Aires, Daniel Salvador; y de Misiones, Oscar Herrera; y ministros representantes de las jurisdicciones de Mendoza y Corrientes.

Macri dijo que este acuerdo ubicará a Argentina “entre los 6 países más importantes en el mundo con el recurso minero junto a países como Chile, Canadá, Nieva Zelanda, Australia, que son reconocidos por el cuidado del medioambiente, y esto es central”. Indicó que “cada puesto directo en la minería genera 5 puestos indirectos, y estamos hablando de más de 125 mil puestos de trabajo en un desarrollo federal”.

Los puntos principales

1) El convenio establecerá criterios generales en lo que respecta a las regalías que pagan las industrias extractivas con un techo del 3 por ciento sobre el valor bruto (de venta) del mineral en boca de mina.

 2) El texto del Acuerdo fue discutido por los estados provinciales y la Nación durante el último año en el seno del Consejo Federal (COFEMIN), para ser suscripto por el presidente Mauricio Macri y los gobernadores en Casa de Gobierno, con excepción de Chubut, La Pampa (que no admiten la explotación de recursos minerales en sus territorios) y La Rioja.

3) El acuerdo establece además destinar el 1,5 por ciento adicional a la integración de un Fondo Provincial de Infraestructura, para financiar, por caso, obras de control ambiental y de aguas.

4) El tope (o máximo) a pagar por parte de los inversores a las provincias será de 4,5 por ciento de lo que facturen.

5) La tutoría en la administración y asignación específica de estos recursos no pudo ser acordada entre Nación y Provincias. El esquema acordado es similar al que actualmente rige en San Juan para la explotación de sus recursos minerales.

Una excepción al tope de 4,5% regirá para Santa Cruz, dado que en esa provincia el Fondo de Infraestructura ya tiene un máximo de 2% y se reservó preservar ese derecho.

6) Fuentes allegadas a la negociación señalaron que el convenio está enmarcado por el concepto de “federalismo de concertación” por lo cual “deberá ser tratado primero por el Congreso Nacional y luego por las legislaturas provinciales para su aprobación (o rechazo) como totalidad, es decir que no puede ser pasible de modificaciones”.

7) El gobierno nacional impulsará “acuerdos región por región” similares al alcanzado para el caso petrolero en Vaca Muerta para alentar inversiones en la actividad económica y productiva en toda la gama de la minería.

8) El acuerdo contempla además la creación de un organismo que realizará un catastro minero y también un Digesto Sectorial que reúna todas las normativas Nación-Provincias que regulan la actividad.

9) Las concesiones duran mientras haya mineral y se preservarán las condiciones fiscales, por períodos de 30 años, de acuerdo con lo que establece la Ley de Inversiones Mineras.

10) Un aspecto que se modifica en el nuevo acuerdo federal es que en caso de producirse tres faltas graves en materia de cumplimiento de pautas ambientales la mina será cerrada y la empresa perderá inmediatamente el derecho a la propiedad del yacimiento en explotación.

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