Globos y decretos para silenciarnos

*Por Emilio Cortese

En apenas cuatro días de gobierno, Mauricio Macri y su “equipo” ha ido dejando en claro que su ejercicio del poder es una rara combinación de improvisación, neoliberalismo y autoritarismo, todo bajo el bello manto del cambio, la felicidad y el progreso a raudales. Diversas medidas, decisiones y funcionarios designados, fueron modificándose según el calor de los sondeos.

El famoso republicanismo que brotaba desde quienes fueron oposición hasta el 10 de diciembre, se diluyó rápidamente. Ante la imposibilidad de lograr mayorías o apoyos a sus proyectos, Macri decidió evitar las sesiones parlamentarias extraordinarias y comenzar a actuar a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Este fue el instrumento que caracterizó a su gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (junto con su aliado, el veto). El famoso “no me gusta” de cuando uno jugaba siendo chico se puede convertir en una herramienta muy peligrosa en manos de un soberbio chinchudo. Y esto es lo que ha ocurrido en estos últimos días, los primeros cuatro de gobierno.

La eliminación de las retenciones, por caso, es una decisión que no debería saltarse la aprobación o rechazo por parte del Congreso Nacional. Si hacemos un poco de memoria y nos retrotraemos al 2008, recordaremos que el conflicto con el “campo” se dirimió a partir del voto no positivo del poder legislativo, instancia a la que se llegó tras el reclamo por parte de todo el arco opositor.

El otro ejemplo a tomar en cuenta es el de la creación de los nuevos ministerios. Esta decisión, la cual debería también haberse tomado, constitucionalmente, en el Congreso, fue aplicada a través de otro DNU. Arrojó, entre otras modificaciones y novedades, la instauración del Ministerio de Comunicaciones. El argumento para su establecimiento fue “la creciente complejidad, volumen y diversidad de tareas relativas al desarrollo de las comunicaciones y su regulación”.

A partir de esta decisión, los organismos descentralizados, que anteriormente dependían de Presidencia de la Nación, pasarán a estar bajo la órbita del Ministerio. Uno de estos organismos es la famosa Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), la cual cumple con la tarea de aplicar, interpretar y hacer cumplir la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (o Ley de Medios). Es decir, el organismo no solo pierde jerarquía sino que también pierde su autarquía, quedando relegado a las decisiones de un Ministro.

Al mismo tiempo, se busca deslegitimar al presidente del AFSCA, Martín Sabatella, presionando para lograr su renuncia. Aquellos que se visten de adalides de la República son quienes pisotean las leyes y normativas aprobadas por el poder legislativo.

¿Y en quién recayó este nuevo Ministerio? En Oscar Aguad, radical cordobés reconocido, entre otras cosas, por ser amigo personal del genocida Luciano Menéndez. Entre sus declaraciones tras su nombramiento, Aguad afirmó que “la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro gobierno” y que “los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”.

Recordemos que la llamada Ley de Medios fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A su vez, contó con el apoyo de numerosas instituciones y organismos, tanto nacionales e internacionales (como por ejemplo la ONU) y, a través de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, se puso en debate en 24 foros públicos alrededor de todo el país.

Entre sus contenidos, la ley promueve la creación de canales y radios comunitarias, colocando especial énfasis en las distintas regiones del país y en el ámbito científico a través de las universidades, rompiendo con la lógica porteño-centralista tan dominante en el mercado de los medios. Al mismo tiempo, busca establecer una comunicación horizontal, que permita la mayor cantidad de voces frente a un mapa concentrado.

Desde el campo popular, debemos estar alertas ante el retorno conservador que promueve la eliminación de una ley clave en la ampliación de los derechos sociales. Y rechazar todo intento de modificación de la ley que signifique un retroceso en las conquistas populares, exigiendo que se respete al AFSCA como ente autárquico y único con facultades para aplicar la normativa.

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