Es la política, estúpido.

Esta semana, el gobierno de Mauricio Macri intimó a Susana Trimarco para la devolución de dos predios pertenecientes al Estado nacional. Los mismos, ubicados en Tucumán, habían sido entregados a la Fundación María de los Ángeles durante la gestión de Cristina Kirchner. Uno de estos terrenos iba a ser destinado a la construcción de un centro materno infantil cuyo objetivo sería el de contener a mujeres víctimas de la trata de personas y de la violencia de género, y a sus hijos. El otro predio estaba pensado para la construcción de viviendas sociales para personas afectadas por estos flagelos.
Hasta aquí, parece una mancha más en el tigre en el sentido de la discontinuidad de los proyectos iniciados por el gobierno de Cristina. Pero, además de esto, se dio una situación confusa: las primeras repercusiones desde los medios gráficos fue publicar expresiones que habría declarado Trimarco tales como “Me siento una perseguida política”. Lo sorprendente fue que la presidenta de la Fundación María de los Ángeles se desdijo inmediatamente, negando cualquier acercamiento al gobierno saliente y al actual.
Al ser cuestionada por los fondos enviados por el gobierno de Cristina, Trimarco se separó tajante y despectivamente del caso Milagro Sala, y en declaraciones televisivas afirmó que “con Cristina no tenía nada político”, “yo lo único que soy es una pobre madre que no sabe nada de política y no le interesa la política”.
Hay un debate abierto: los medios de comunicación amigos del Pro atacan a las organizaciones sociales por manejar los fondos del Estado durante el kirchnerismo, embarrando la cancha al mezclar distintas causas como las de Shoklender, Milagro Sala y Susana Trimarco. A pesar de esta crítica hacia las organizaciones sociales, el gobierno de Macri públicamente ha ponderado el trabajo de distintas ONGs o de referentes sociales como Margarita Barrientos en la ciudad de Buenos Aires.
Independientemente de la forma en la que Susana Trimarco decida resolver esta situación, lo cierto es que no podemos desconocer la larga trayectoria de la fundación en la lucha contra la trata de personas, y el acompañamiento con políticas de Estado, llevadas a cabo con la gestión anterior; así como la ampliación de derechos en materia de sexualidad y género, entre otras.
Sólo cabe preguntar entonces, si las decisiones del gobierno macrista, de recortar partidas presupuestarias, de quitar predios públicos que habían sido cedidos, cortar programas sociales, desestimar proyectos para la protección de víctimas de violencia machista, desmantelar áreas sensibles para las clases más desprotegidas, ¿son decisiones que responden a un programa político o a intereses particulares? La respuesta es: es la política, estúpido.

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