El lunes se intentará aprobar la reforma que baja las jubilaciones y la AUH

En medio de un descontento social sin precedentes, el gobierno de Macri buscará nuevamente el aval de la Cámara de Diputados de la Nación para que este lunes quede aprobada la ley que recorta el poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones y AUH.

Luego de la frustrada sesión del jueves pasado y del intento fallido de sacar la reforma a través de un DNU, se efectivizó el llamado a una sesión especial de la Cámara Baja para aprobar los cambios en el régimen previsional. Entre otras medidas, la nueva ley modifica la fórmula mediante la cual se establece el aumento semestral de las jubilaciones, las pensiones nacionales y la Asignación Universal por Hijo, así como también reduce los aportes patronales al sistema previsional.

Como paliativo y supuesta mejora a la propuesta anterior, el gobierno promete que se subsanará, a través de un bono a pagar por única vez, el aumento que los jubilados deberían percibir en marzo y que con la nueva fórmula no alcanzaría la mitad del actual. Este último punto no conforma ni a sindicatos ni a organizaciones pero parece haber sido el Caballo de Troya de los gobernadores que prometieron dar el quórum y los votos positivos de los Diputados que a ellos responden.

Recordemos que el jueves pasado, la sesión que tenía prevista la aprobación fue levantada en un clima tenso tanto en el exterior como el interior del Congreso. Por un lado, más de novecientos gendarmes reprimieron duramente a organizaciones sociales, gremios y ciudadanos de a pie que se manifestaban en contra de la reforma. El saldo dejó más de cuarenta detenidos, varios de ellos al voleo como en las épocas de la última dictadura. Por otro, con Diputados a los que se les negaba la entrada al recinto y que fueron atacados por gendarmería con gas pimienta y golpes, entre ellos el neuquino Darío Martínez. Se suman a esto las denuncias de la oposición sobre el dudoso quórum alcanzado a rasguños y con diputados que aún no han jurado.

Bajo el argumento de que el actual sistema de la Anses se encuentra en quiebra y de que es necesario reducir el déficit fiscal, el gobierno de Macri pretende recortar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la población. Según diversos estudios, los jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH perderán alrededor de $6000 durante el 2018. No obstante, el objetivo real de esta reforma es desfinanciar al régimen previsional a partir de la reducción de las cargas patronales, la desviación del impuesto a las ganancias y el IVA hacia otras cajas y la continuidad de las políticas de desprendimiento de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

En este marco, al que se le suma la suba voluntaria de la jubilación a 70 años, queda claro que Macri fortalece su decisión de transferir ingresos desde los sectores populares hacia la minoría de la población. En este sentido cabe preguntarse por qué el gobierno, ante un déficit tan grande, mantiene su política de reducción de retenciones al agro o la cuestionada eliminación de las mismas en la minería.

A la ya mencionada reforma previsional, se le sumará, en la sesión del lunes, un intento por aprobar cambios en el régimen tributario. Estas leyes forman parte de un combo consensuado con la gran mayoría de los gobernadores (a excepción de San Luis) en el llamado Pacto Fiscal. Ante provincias endeudadas que requieren del aval nacional para tomar créditos y del aporte del tesoro, no le resultó difícil jugar esta carta a Macri. A partir de la reforma tributaria, mutuales y cooperativas pasarán a pagar impuesto a las ganancias mientras que se exime del mismo a los inversores no residentes.

Al mismo tiempo, y de la mano de la reforma previsional, se presionará aun más a las provincias que no armonizaron ni traspasaron su caja jubilatoria a la Anses por medio de la aplicación de multas. En este sentido, resulta cuanto menos contradictoria la actitud de la diputada neuquina Alma “Chani” Sapag, quien logró su banca basando su campaña en cuestionamientos al gobierno nacional y defendiendo férreamente la caja jubilatoria provincial, de afirmar que levantará la mano para aprobar una ley que perjudicará, en primer lugar, a todos aquellos neuquinos que no aportan al ISSN.

Por su parte, los sindicatos de las dos CTA y los gremios de la CGT enrolados en la Corriente Federal, han llamado a un cese de actividades con movilización para el lunes en el momento en que se discutirá la reforma. Mientras tanto, el triunvirato de la CGT continuará deliberando, el lunes por la mañana, si llaman a una medida de fuerza, lo cual muestra una conducción a la deriva en tiempos no aptos para tibios.

En este contexto, el panorama parece ser igual o aún más complejo que el del jueves pasado. Hasta el momento, el gobierno nacional ha dispuesto que esta vez no sea la Gendarmería la encargada del operativo de seguridad, al menos en primera línea, y convocó para ello a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la misma que montó el operativo represivo en las marchas por Santiago Maldonado.

 

Por Paz Colobig y Emilio Cortese

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