El ISSN en medio de una tormenta

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que funciona como obra social de prestaciones médicas para empleados públicos y municipales de la provincia, además de ser la caja jubilatoria de la mayoría de los trabajadores estatales neuquinos, estuvo esta semana en el centro de la disputa entre el intendente de la capital, Horacio Quiroga, y el gobierno que conduce Omar Gutiérrez. La propuesta de la intendencia de liberar a sus empleados de la obligatoriedad de afiliarse a la obra social provincial y evaluar su pase a empresas de salud prepaga -Swiss Medical y OSDE, entre otras- se sumó a los cuestionamientos a la gestión del EPAS en la ciudad y al proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos, que también enfrentaron a Quiroga con funcionarios provinciales.

Además, Quiroga criticó la política en materia energética desplegada por los gobiernos del MPN -el de Jorge Sapag, por caso-, por su alineamiento con la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y se erigió, el miércoles de esta semana, como el ariete macrista en Neuquén con el único objetivo de “desterrar al populismo” de la provincia y de la Nación.

Ese discurso belicoso alcanzó a la Universidad Nacional del Comahue, de cuyo campus Quiroga quiere la calle Libres Pensadores para culminar con su proyecto de complejo hotelero y comercial en el sector próximo a Plaza de las Banderas, de manera de ampliar la frontera del centro de la ciudad.

El vicegobernador Rolando Figueroa, que había permanecido al margen de esta disputa en la que los protagonistas casi excluyentes fueron el gobernador y el intendente en estas últimas semanas, salió a defender a “ultranza” al ISSN y a las empresas públicas, ya que “tienen que continuar en manos del Estado y fortalecidas”. Figueroa agitó el fantasma de la década de 1990 y recordó que en esa época, el gobierno provincial defendió la propiedad de la caja jubilatoria y del banco.

El vicegobernador rechazó “de plano cualquier tipo de armonización que exijan”, y fijó posición respecto de las declaraciones del secretario de Economía y Hacienda de la municipalidad, José Luis Artaza.

Además, Artaza advirtió a las autoridades del ISSN que si el organismo no quiere hacer la prestación a los afiliados que desean continuar con la obra social provincial “estará haciendo abandono de persona” y podría ser denunciado ante la Justicia. El funcionario concluyó que “no puede decir que, si se va un empleado municipal, se deben ir todos”.

En esta disputa también intervienen los gremios que representan a los trabajadores del Estado en la provincia -docentes, legislativos, administrativos, judiciales- que se oponen al traspaso de las cajas a Nación. En el caso de los docentes, judiciales y legislativos, su postura es la defensa irrestricta de la ley 611, sin ninguna posibilidad de revisión o reforma, mientras el gremio ATE impulsa una transformación que implica la división las cajas de la obra social y jubilatoria.

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