“El Estado no tiene que estar diciendo qué se puede hacer y qué no”

En su primera semana de gobierno, Mauricio Macri ha tomado diversas medidas económicas que conducen a un retorno sin escalas a las políticas neoliberales de la década del 90. La decisión de volver a endeudar al país en forma compulsiva comprende el puntapié inicial de una gestión que busca liberalizar todos los ámbitos de la economía argentina.

La gestión ha comenzado a negociar préstamos tanto con la banca extranjera como con la nacional, solicitando adelantos a las grandes cerealeras e incluso renegociando el swap con China. La ansiedad por inyectar esta divisa en la economía persigue el objetivo de poder levantar el cepo cambiario, medida que se llevó a cabo en el día de la fecha, 17 de diciembre.

Al mismo tiempo, la preanunciada devaluación generó que los sectores que forman parte de la cadena de formación precios comiencen a remarcar los productos en el orden del 20-30%. Estos aumentos recaen, principalmente, en aquellos productos de consumo básico. Ante esto, el gobierno pidió mesura y responsabilidad, solicitando a los empresarios que retrotraigan sus precios al 30 de Noviembre, pero no hubo acuerdo, ni medidas concretas que contemplen esta situación. Si bien se va a continuar con el Programa Precios Cuidados por noventa días más, ya se anticipó que el mismo se va a ver reducido drásticamente, pasando de 500 a 80 productos.

En la línea de gobernar para los poderosos, se anuncia la quita a las retenciones a exportaciones para el sector agropecuario e industrial. El objetivo apunta, una vez más, a fortalecer el ingreso de moneda extranjera.

Respecto al agro, se exime del pago al maíz, trigo, carne, pesca y a las producciones regionales a la vez que se reducen en un 5% las retenciones a la soja. El interrogante se abre cuando se piensa en el abastecimiento del consumo interno que, quedando bajo libertad de los productores la elección del volumen de materia a exportar, deberán analizar cuál es el mercado más rentable, o a fin de no desabastecer el interno, adecuarlo a los precios internacionales. El gobierno aún no ha definido medidas para garantizar el abastecimiento y estabilidad hacia el interior del país. Sin embargo, ha pedido responsabilidad y mesura a los señores del campo.

En cuanto a la industria, además de quitar toda retención a la exportación e importación, se elimina la disposición que los obliga a realizar declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) ante la AFIP.

De esta forma, ni el sector ganadero ni la industria deben declarar por el volumen ni valor de sus exportaciones. El peligro de esta medida es la evasión impositiva y la fuga de capitales hacia paraísos fiscales que den mayores rangos de ganancias.

Para finalizar su primera semana de mandato, el gobierno entrante dio apertura al mercado cambiario. Es decir, quien quiera comprar dólares en una casa de cambio, banco, etc., lo puede realizar libremente. El Banco Central no va a intervenir como hizo hasta el día de la fecha en el valor del peso en relación al dólar. Tampoco la AFIP va a solicitar datos de los compradores y vendedores.

Las consecuencias de estas medidas son varias y complejas. La liberación del mercado y la no regulación del valor van a provocar, en primera instancia, una ya esperada devaluación. Esta puede rondar entre el 40 y el 60% según las estimaciones. El traslado de enormes ganancias al sector exportador en detrimento del asalariado será otra consecuencia, profundizada aun más en el aumento a precio dólar sin retención de los productos de consumo básico (harina, leche, pan).

El gobierno puede ponerle un freno a la devaluación, regulando el valor a partir de su intervención en el mercado cambiario. Sin embargo, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Prat Gay fue contundente ayer al afirmar que “el Estado no tiene que estar diciendo qué se puede hacer y qué no”. Que cada uno saque sus conclusiones.

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