El acceso a la tierra en los sectores populares

Por Remigio Cabeza

El proceso de urbanización en la ciudad de Neuquén se ha caracterizado por ser muy dinámico y espontáneo, y a la vez desordenado y desarticulado social y espacialmente; en consecuencia, la accesibilidad a la propiedad de la tierra constituye un problema fundamental a resolver para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población en el marco de un desarrollo territorial y ambientalmente sustentable.

El movimiento migratorio producido en los 70, ante el surgimiento de nuevas actividades productivas, se concentró principalmente en la capital de la provincia, provocando rápidos y dinámicos cambios espaciales que se tradujeron en una expansión desordenada y discontinua de la planta urbana. Más tarde, el modelo neoliberal instalado en la Argentina en los años 90 produjo una profunda crisis económica y un quiebre de la solidaridad social, que dejó como resultado una nueva modalidad de urbanización: las “ocupaciones ilegales” o “tomas” de terrenos fiscales, ante la necesidad de disponer de un lugar para vivir. Las personas ya no pueden acceder a la propiedad de la tierra por la modalidad de la compra del lote mediante financiación, por lo que estos asentamientos humanos comienzan a multiplicarse. En este proceso histórico, el Estado desaparece y es el mercado quien no sólo regula situaciones económicas y laborales, sino también el acceso a la tierra por parte de los sectores con menores recursos.

Si bien el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén aprobó un Código de Planeamiento Urbano a efectos de reglamentar el uso del espacio urbano, la planificación y gestión territorial se vieron superadas como consecuencia de actitudes especulativas relacionadas al uso y gestión de la tierra. Los pedidos de asociaciones, cooperativas, mutuales y consorcios solicitando tierras para la construcción de viviendas sumaron presión al mercado inmobiliario vulnerando la normativa vigente e incorporando áreas consideradas intangibles y de riesgo urbano potencial.

Un ejemplo de esto lo constituye la “Toma Aucamahuida”, localizada en el sector noroeste de la ciudad de Neuquén; situado sobre la ladera de la meseta no sólo provoca contaminación ambiental sino problemas de morbilidad en la población. La inexistencia de infraestructura de servicios básicos genera dificultades graves; por ejemplo, en caso de incendio no pueden ingresar ni bomberos ni ambulancias, por lo que las familias que viven en el asentamiento se encuentran en riesgo, tanto por las enfermedades como por la posibilidad latente de algún accidente o por alguna situación climática imprevista. Al interior del asentamiento se encuentran actores sociales que operan por acción o por presencia: organizaciones sociales, políticas, gremiales y religiosas. En este asentamiento en especial han actuado los “punteros políticos” en diferentes momentos provocando desigualdad dentro de la desigualdad, agravando el problema, incentivando a los sujetos a tomar posesión de un espacio de alto valor inmobiliario, y geográficamente en ubicación de privilegio, generando un paisaje visualmente desigual, que nos indica la falta de políticas públicas desde el Estado -municipal y provincial- con respecto al uso de la tierra, como así también en el cuidado y protección del ambiente como un bien universal.

La accesibilidad a la propiedad de la tierra para construir la vivienda propia de por sí genera inclusión social en el sentido de tener un lugar de pertenencia, un lugar que permite identidad social, debido a que la vivienda propia es por excelencia uno de los más importantes organizadores sociales, en especial para la familia. Y tiende lenta pero progresivamente a que muchos de los problemas sociales como por ejemplo la inseguridad, comiencen a solucionarse. Pero la cuestión fundamental es que el ordenamiento territorial mejora la calidad del ambiente debido a que las personas cuidan y protegen su espacio, desde plantar árboles hasta el cuidado en la limpieza del mismo.

Es imprescindible que el Estado intervenga en el mercado inmobiliario con políticas públicas claras, poniendo en el mismo loteos sociales con precios accesibles y justos, con requisitos y normas claras de adjudicación. Para ello es necesaria la conformación de un equipo fuerte de trabajo, con una mirada amplia sobre la temática. Que sea ecuánime tanto para la selección de los adjudicatarios, como así también para que no se dilapiden los escasos terrenos municipales disponibles; dicho de otro modo, que los funcionarios y empleados del área sean portadores de una responsabilidad política y laboral en beneficio de la comunidad destinataria del trabajo realizado, teniendo en cuenta en todo momento la visión de quienes soportan la situación de imposibilidad de acceder a la tierra. Que Implementen un efectivo sistema de cobranza de los terrenos adjudicados, con el objetivo de reponer con esos recursos nuevas tierras para realizar otros loteos sociales con infraestructura de servicios. Que garantice efectivamente que cada familia pague por cada lote adjudicado de acuerdo a sus ingresos reales. Que prohíba absolutamente la venta de los lotes adjudicados para que las familias beneficiadas logren una solución “permanente” a su problema de vivienda. Que realice un fuerte trabajo social de concientización con los grupos familiares con el fin de consolidar la pertenencia a cada barrio y por ende hacedores de su destino. Sólo así se logrará identidad social y empezará a nacer una ciudad más integrada y más solidaria, donde las personas no sean solamente sujetos de intervención sino ciudadanos sujetos de derechos y obligaciones.

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