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El 18 retoman las audiencias por la Escuelita IV

Este lunes 18 de abril, el tribunal federal retomará las audiencias por el juicio La Escuelita IV, suspendidas hace dos semanas cuando el ex militar de inteligencia Jorge Di Pasquale interrumpió la declaración del testigo de contexto José Montes para justificar la validez de la dictadura con términos que fueron repudiados el público que colmaba la sala.

Cuando Montes rechazó el concepto de “guerra” utilizado por los imputados, Di Pasquale comenzó una seguidilla de insultos y protestas que derivó en varias advertencias de los miembros de tribunal. Entre sus intervenciones, el ex militar negó la existencia de 30 mil desaparecidos y pidió que retiraran al testigo porque “no puedo escuchar tantas pavadas”. Entonces, el juez Guido Otranto decidió la suspensión.

El abogado de la querella por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Marcelo Medrano, dijo que la actuación de Di Pasquale, que se repite de manera sistemática, está orientada a enturbiar las audiencias de manera de estirar el juicio y amedrentar a las víctimas y a los testigos.

Medrano indicó que esta etapa del juicio por La Escuelita, que analiza 28 casos de desapariciones en la región, culminará hacia mediados de julio “probablemente”. De esa cantidad de casos, seis ya están juzgados, cinco son nuevos y tres están en una etapa de recopilación de testimonios.

Entre los cinco nuevos figura el de Jesús González, un ex seminarista desaparecido en Rincón de los Sauces en 1978 cuya hermana testimonió la semana pasada.

También se abordará, cuando se reanuden las audiencias después del 18 de abril, la desaparición de Felipe Lara, ocurrida en Chos Malal. Según Medrano, este caso reviste particular importancia por dos motivos: en primer lugar, se trata del único caso en la región que implica a Gendarmería y, además, habrá testigos cercanos a Lara -hermanos, la esposa, hijos y no familiares-. Medrano señaló que de esta manera por primera vez se abordará un caso que involucra directamente a esa fuerza y, debido a la cantidad de testimonios, se podrá establecer una red que permita reconstruir lo ocurrido entonces.

El tribunal está integrado por Alejandro Silva, presidente, Guido Otranto y Marcos Aguerrido, el fiscal es Walter Romero, defensores oficiales representan a varios de los acusados y son querellantes la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).

Romero dijo que “las acusaciones son muy fuertes, muy contundentes y es la primera oportunidad que se van a juzgar los homicidios” cometidos por el terrorismo de Estado, una característica que también destacó Medrano. Entre los imputados hay muchos que fueron ya juzgados y condenados en juicios anteriores. Son los militares Néstor Castelli, Enrique Braulio Olea, Oscar Reinhold, Jorge Di Pasquale, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Osvaldo Laurella Crippa y Luis Alberto Farías Barrera. También figuran los policías federales Jorge Soza, Miguel Ángel Cancrini y Gustavo Sommer, el policía provincial Emilio Rozar y el gendarme Ramón Saboredo.

Raúl Guglielminetti, personal civil del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén y del Batallón 601; los militares Hilarión de la Pas Soza, Gustavo Vitton y Enrique Sires y los policías rionegrinos Alberto Camarelli, Enerio Huircain, Saturnino Martínez, Miguel Ángel Quiñones y Julio Héctor Villalobo son otros de los juzgados en estos juicios.

En cuanto a las 28 víctimas, Celestino Aigo, Orlando Cancio, Horacio Girardello, Jesús González, Felipe Lara, Horacio Magariños, Rodolfo Marinoni, José Méndez, Mateo Nieto, José Pichulman, Miguel Ángel Pincheira, Javier Seminario y Leticia Veraldi están todavía desaparecidos.

 

El centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita, queconstaba de dos edificios separados por una decena de metros, funcionó durante la dictadura en el predio del Batallón de Ingenieros de Construcción 181, próximo a la ciudad Neuquén y a unos cuatro kilómetros del aeropuerto local. En 2015 el lugar fue señalizado como “Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado” por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria.

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Foto: Matías Subat

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