Desigualdad en Chile: prueba de fuego para el gobierno de la Nueva Mayoría

Por Juan Bertinetti

El 11 de marzo de 2014 ha iniciado su mandato el gobierno de Michelle Bachelet afrontando enormes desafíos, siendo el más sensible la profunda desigualdad que padece la sociedad chilena.

Si bien las cifras de desocupación son relativamente bajas y, entre 2007 y 2010, ha disminuido 1% la pobreza, el crecimiento del Producto Bruto Interno (P.B.I.) se ha desacelerado, y es preocupante la distribución del ingreso si observamos que por cada peso que recibe el decil más pobre, van 27 pesos para el decil más rico, existiendo una baja inversión social (sólo 10% del P.B.I. tiene ese destino). No resulta extraño entonces que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (O.C.D.E.), en un informe reciente, ubique a Chile en el cuarto puesto del ranking de la desigualdad entre sus 34 países miembros.

Las luchas estudiantiles han evidenciado la inequidad del sistema educativo chileno que, además de tener cuestionada su calidad, es arancelado, excluyente, y permite que se lucre con fondos públicos. Hay un expreso compromiso gubernamental para modificar este cuadro de situación, y esta delicada cuestión se ha transformado en una verdadera prueba que, en gran medida, definirá el grado de apoyo popular hacia el gobierno, y también el tono y la conducta de la oposición.

Pero la desigualdad también golpea la condición de la mujer, la existencia de los pueblos originarios, y los derechos de los trabajadores frente al poder de los empresarios; inclusive una cuestión elemental como el derecho a la salud encuentra obstáculos, pues la población de menores recursos sufre un severo déficit de atención nocturna de la emergencia en sus barriadas, dificultad en el acceso a los medicamentos para las enfermedades crónicas y carencia de médicos especialistas en los hospitales públicos. Además, la infraestructura edilicia sanitaria es claramente deficiente.

Este conjunto de afirmaciones acerca de las manifestaciones de la desigualdad es parte (de ninguna manera la totalidad) del diagnóstico de situación que la Nueva Mayoría ha efectuado, y sobre la base del cual ha esbozado su plan de gobierno. El sostenimiento de dicho plan, según lo expresado por la presidenta Bachelet, requiere de la obtención de recursos, para lo que es necesaria una ley de reforma impositiva, el fortalecimiento de la inversión social, y también del poder de los trabajadores a través de negociaciones colectivas como forma de impulsar mejoras en las remuneraciones y en las condiciones de trabajo. El logro de los cambios necesarios no sólo dependerá de las acciones formales de gobierno, sino también de la actividad y el apoyo explícito de las organizaciones sociales que los reclaman.

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