Derogación encubierta de la Ley Nacional de Salud Mental

¿En qué consiste la ley actual?

En noviembre de 2010 fue sancionada la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Con grandes acuerdos y valorada como ley modelo por los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos, intenta establecer un cambio profundo en las políticas de salud mental. La ley fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras, a partir de un proceso de construcción colectiva, interdisciplinaria, intersectorial e interjurisdiccional con amplia participación de distintos sectores como: organizaciones de la sociedad civil, profesionales, usuarios de salud mental y familiares.

La ley sostiene una mirada social e interdisciplinaria, un enfoque integral del padecimiento (contemplando los distintos saberes), reivindicando y acentuando los derechos humanos de las personas con sufrimiento mental. Plantea una concepción que va en contra de la medicalización indiscriminada y otras prácticas manicomiales (por ejemplo, abordajes asilares o de encierro). A su vez, establece la prohibición para la creación de nuevos manicomios y la adaptación de los ya existentes a los principios de dicha ley, hasta su sustitución definitiva por dispositivos alternativos.

Esto refleja un enfoque que pretende subrogar viejas prácticas médicas por un abordaje que conceptualice a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Además, define el tema de la salud mental como un trabajo interdisciplinario e intersectorial, pretendiendo democratizar “el saber” y rompiendo con el modelo médico hegemónico. De esta manera, se promueve que la intervención psicofarmacológica se realice “en el marco de abordajes interdisciplinarios”. La ley no pretende negar o subordinar el saber médico sino darle su justo lugar en el conjunto amplio de conocimientos que hacen al entendimiento total de los fenómenos mentales.

Otro elemento importante de la ley es que pretende evitar el abuso de las internaciones y las consecuencias negativas que esto acarrea para los pacientes, agravando sus síntomas y el malestar. Por lo tanto, establece que los procesos de atención deberán realizarse en lo posible fuera del ámbito de internación, apuntando a la restitución, reforzamiento o promoción de los lazos sociales. En definitiva, implica generar opciones alternativas de relevo que puedan responder a estas problemáticas sociales y a un tratamiento adecuado.

Y en el caso de realizarse una internación, ésta deberá ser los más breve posible, teniendo en cuenta los criterios terapéuticos establecidos por la interdisciplina.

La Ley Nacional de Salud Mental fue un avance clave para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho y para la sustitución del manicomio por tratamientos dignos.

 

Nueva dirección nacional de salud mental y vía libre para la derogación.

En diciembre de 2015 asume como Director Nacional de Salud Mental, Andrew Blake, conocido psiquiatra que se ha desarrollado en la salud privada, durante siete años en Swiss Medical y, desde 2013 hasta la actualidad, en el Grupo OSDE. También integró la Dirección General de salud mental de la ciudad de Buenos Aires durante el último gobierno de Macri. Ferviente detractor de la ley nacional de salud mental, tiene como antecedentes en su prontuario haber separado la formación de las residencias interdisciplinarias de la Ciudad de Buenos Aires a los psicólogos por un lado y a los psiquiatras por otro, para que sea la concepción médica y psiquiátrica la que hegemonice la atención, en desmedro y desconocimiento de las otras prácticas, que no es solo la psicología, sino que implica al trabajo social, la terapia ocupacional, acompañantes terapéuticos, psicopedagogos, enfermeros, músico terapeutas y todos aquellos saberes de reconocida importancia para la atención en salud mental.

Tal como nos tiene acostumbrados Mauricio Macri, en un contexto donde la calidad democrática se ve cada vez más deteriorada y donde la ausencia de un Estado de Derecho es cada vez más notoria, el gobierno pretende meternos por las espaldas uno más de sus decretos que atentan nuevamente contra la pluralidad y la democracia.

En noviembre del corriente año se dio a conocer un proyecto que se viene amasando hacer varios meses donde lo que se intenta es atacar el espíritu de la Ley 26657. Esta nueva reglamentación resulta una clara contradicción con los principios de la ley, entre otras cosas, contradiciendo las directrices de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

El decreto significa un peligroso retroceso en materia de derechos humanos. Es grave que, mediante un recurso antidemocrático como éste, se pretenda modificar una ley, evitando la intervención y el debate en el Congreso de la Nación, ámbito institucional para cualquier tipo de modificaciones.

 

¿Cuáles son los puntos más importantes que se pretenden modificar?

Cambia el concepto salud mental. Ya no es considerada como un proceso multideterminado y atravesado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Se vuelve al modelo médico hegemónico, al concepto de “enfermedad” que rotula y estigmatiza al usuario de salud mental, haciendo especial énfasis en un enfoque biologicista que resulta insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales. Esta mirada habilita exclusivamente las “prácticas fundadas en evidencia científica” y excluye los aportes de disciplinas imprescindibles para la rehabilitación del padecimiento mental, como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social, entre otras. Por supuesto, todo esto en función de las lógicas mercantilistas de las corporaciones médicas y farmacéuticas.

Se vuelve al manicomio. Se lo pretende disfrazar bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental”, habilitando nuevamente prácticas de aislamiento pleno a personas con sufrimiento psíquico y otorgándole al saber médico exclusividad en los tratamientos. De igual modo, permite el abordaje en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas. A la hora de determinar una internación compulsiva, sustituye el requisito de “inminencia del daño para sí o para terceros” por el viejo el concepto de “peligrosidad” ya que permite una evaluación basada en riesgos potenciales.

Atenta contra el derecho a una defensa técnica de las personas intervenidas. Establece que los abogados defensores deben ponderar la opinión del equipo tratante, lo que implica no escuchar la voz y los intereses de la persona usuaria o paciente. Además, establece que el juez designará al defensor oficial impidiendo la actuación de oficio de acuerdo a la ley del Ministerio Público de la Defensa.

Se vuelve al modelo tutelar. La voluntad de la persona queda en total sustitución por la de un curador, enfoque que ha demostrado ser un modelo vertical que silencia y aísla a quienes más necesitan ser escuchados. Es decir, una persona puede ser declarada completamente incapaz, lo que va en contra de las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación y normas de superior jerarquía.

Modifica la dependencia del Órgano Nacional de Revisión. Le quita competencia al Ministerio Público de la Defensa y adjudica al Ministerio de Salud de la Nación dicha facultad. Por lo tanto, la Autoridad de Aplicación de la ley será quien designe al responsable de ejercer las funciones de control sobre sí misma. Al mismo tiempo, impone un cambio en la conformación plenaria de manera tal que desequilibra la pluralidad de sectores favoreciendo las mayorías médico hegemónicas.

La Ley Nacional de Salud Mental fue producto de amplios consensos y cambió el paradigma manicomial por un abordaje desde los derechos humanos. El proyecto de Macri se puede leer en el Expte. Min. Sal. 120020000024933166.

En Neuquén se marchará el domingo 10/12 a las 19hs en el Monumento a San Martín solicitando al presidente de la Nación que no firme el proyecto reglamentario por inconstitucional.

NO a la derogación del decreto 603 /13 y a la aprobación de otro.

SI a la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones 26657.

 

Por Pablo Carrillo

 

 

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  • 10 diciembre, 2017 en 12:17 am
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    Muy buena editorial, lamentablemente otra vez vemos como el Macrismo explicito define al a la persona desde una perspectiva pragmática, conveniente para la el mercado, dado que las caratulas de la nosología psicapatológica sirve para discriminar y excluir, muy lejos de los conceptos holísticos y fenomenológicos que entienden el padecimiento psíquico como algo que atraviesa al sujeto pero no lo define.
    La conceptualización del paciente psíquico, como un enfermo y no una persona en conflicto, habla también del concepto de humanidad que posee este gobierno antihumano, antisulotgénico y por sobre todo antiamor.

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