De promesa de diálogo y consenso a figura autoritaria

A lo largo de sus primeros siete días al mando del país, Mauricio Macri firmó más de cuarenta Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). A contramano de su propuesta de diálogo y construcción de consensos, el presidente tomó la decisión de fortalecer una figura autoritaria. Las consecuencias negativas de sus medidas se diluyen gracias a corporaciones mediáticas que hacen la vista gorda o explican lo inexplicable.

Entre estos decretos, resalta el de reformulación de los ministerios del Poder Ejecutivo sin convocar a sesiones extraordinarias del Senado de la Nación para avalar estas medidas. Entre los mayores impactos de la reforma, sobresale el pase de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), órgano de aplicación de la llamada Ley de Medios, al nuevo Ministerio de Comunicaciones. El AFSCA era, hasta entonces, un ente autárquico.

Sin embargo, el plato fuerte de esta semana fue el nombramiento, mediante decreto, de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Ignorando el procedimiento que establece que los propuestos para cubrir vacantes en el máximo tribunal deben enfrentar primero un proceso de impugnaciones y audiencia pública y luego obtener el respaldo de dos tercios de la Cámara de Senadores, Macri avanzó en una decisión discutible en cuanto a su legalidad pero muy audaz en cuanto a su fortalecimiento como figura de poder. El presidente de la Corte, Lorenzetti, saludó públicamente la medida, colocándose en un papel de aliado clave en la legitimidad y legalidad de la misma.

Una decisión como esta resulta muy peligrosa para nuestra democracia y para las conquistas sociales de los últimos doce años. Teniendo en cuenta que la Corte posee el poder de dejar sin efecto decisiones tomadas democráticamente en el Congreso, esta medida generó el rechazo de vastos sectores, tanto pertenecientes al ámbito judicial como político y de organizaciones sociales, incluidos algunos aliados de Cambiemos. Frente a esta oposición, el gobierno decidió suspender hasta febrero de la toma de juramento de ambos miembros.

Sumado a esto, se ha difundido que los nuevos miembros nombrados Carlos Rosenkrantz y Carlos Rosatti, poseen estrechas relaciones con grandes grupos económicos que figuran entre los clientes de sus estudios privados. Entre ellos, el Grupo Clarín, con su ya manifiesto interés de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

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