Crisis en Nicaragua

Por Valentin Steimbreger

Desde el triunfo de la Revolución el 19 de julio de 1979 que puso fin a la dinastía de los Somoza, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los años siguientes, y siempre liderado por Daniel Ortega, tuvo que llevar adelante su revolución con una América Latina que le daba la espalda (a excepción de Cuba) y las presiones de Estados Unidos canalizadas a través de “Los Contras” y la instauración de un clima de violencia que culminó finalmente con la elección de Violeta Barrios de Chamorro en 1990. A partir de allí el FSLN perdió tres elecciones consecutivas, hasta que en 2006 reconquistó el poder, manteniéndolo hasta hoy.

Desde el pasado abril las protestas lideradas en un comienzo por los estudiantes y a las que se sumaron sindicatos y otras organizaciones sociales principalmente contra la reforma del sistema de seguridad social, que imponía recortes en las pensiones y gravámenes adicionales impuestos a los trabajadores y los patrones, se encontraron con la violenta represión por parte de la policía y por milicias adeptas al partido del gobierno que ya ha dejado más de 300 muertos.

Si bien, ante este clima el gobierno retiró la propuesta, el país está ya incendiado por la indignación contra la violencia y la represión. Las tres muertes que ha dejado el ataque por parte de policías y paramilitares esta semana al barrio indígena de Monimbó, en la ciudad de Masaya, y que se ha convertido en bastión de resistencia a la violencia perpetuada por las fuerzas de seguridad, sumado a la desaparición forzada de dos defensores de los derechos humanos, Medardo Mairena y Pedro Mena, acusados de “terroristas”, nos hablan de una situación bastante compleja que parece acentuar las contradicciones y estar lejos de una pronta solución, y menos de carácter pacifica. De hecho, el Congreso aprobó una nueva ley contra el blanqueo de dinero y el terrorismo que contempla una definición muy amplia de terrorismo y que por ende puede ser utilizada contra las personas que participan en las protestas.

La Iglesia católica, que desde 2003 se “reconcilió” con el sandinismo, volvió a tomar sus distancias del gobierno al igual que lo hizo la burguesía empresarial, mientras que una oposición unida, al menos en su demanda de destituir a la pareja presidencial Ortega-Murillo y llamar a elecciones anticipadas, no parece aún crear una alternativa democrática.

Si bien es cierto que la alianza pragmática con estos sectores corporativos ayudó a Ortega a estabilizar la situación económica del país y mejorar las condiciones de vida de la población, no es menos cierto que el tinte del pacto siempre fue meramente coyuntural y ante la menor muestra de debilidad del gobierno esa derecha no duda, sino que actúa y ahora fomentando un espiral de violencia y muerte, piden el recambio de gobierno que les permita retroalimentarse.

Así, a 39 años de la Revolución y a pesar de los desaciertos de Daniel Ortega, es que se debe comprender que una eventual caída del sandinismo solo aumentaría el cerco a Venezuela, y será un paso más para el triunfo continental del imperialismo

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