Criminales sueltos

El 3 de mayo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación generó un gran repudio popular en nuestro país. Es que los jueces Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que formaron la mayoría del alto Tribunal, decidieron declarar aplicable la ley 24.390 (conocida como 2×1), reduciendo la pena a un condenado por crímenes de lesa humanidad, Luis Muiña, un civil que formó parte del llamado “grupo Swat”, que operó en el Hospital Posadas. Era parte de la seguridad interna del establecimiento y el 28 de marzo de 1976 participó de un operativo con tanques y helicópteros que comandó Reynaldo Benito Bignone, quien era el delegado de la junta miliar en el área de “Bienestar Social”. Su intervención en el hospital Posadas consistió en el secuestro de 22 personas, de las cuales seis continúan desaparecidas. Ademas, ayer por la tarde,  fue dejado en libertad el genocida Norberto Bianco, militar y médico de Campo de Mayo. Bianco fue condenado a 13 años de prisión por los casos de apropiación del nieto restituido Francisco Madariaga Quintela y del hijo de Valeria Beláustegui.

Dicha ley, hoy derogada y que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, reduce el cómputo de la prisión porque permitía computar dobles los días de detención a quienes no tenían sentencia firme. Uno de los principales argumentos es que se debe tener en cuenta le ley penal más benigna. A pesar de que los crímenes de lesa humanidad tienen un trato judicial distinto al resto, el artículo 2 del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna. Esto creó una ventana legal por la cual los represores condenados pretenden escapar a la justicia por sus delitos cometidos.

Frente a este “dilema” el magistrado Raúl Zaffaroni señaló que los delitos de lesa humanidad se diferencian del resto porque “En los delitos continuos o permanentes, como es el secuestro (la desaparición forzada lo es), el delito se sigue cometiendo mientras permanece la privación de libertad. En ese tiempo en que continúa cometiéndose se pueden suceder leyes penales diferentes, más benignas o más gravosas y, en verdad, el delito se sigue cometiendo en vigencia de todas esas leyes”.

Los magistrados que aplicaron la 2×1 argumentan que como el Poder Legislativo no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, porque de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes.

Sin embargo, el hecho de que los represores no posean sentencia firme (y por lo tanto se puedan beneficiar por la 2×1) es responsabilidad del propio Poder Judicial. De esta manera, utilizan como argumento el retraso que ellos mismos generaron. A su vez, se puede apreciar que dicha postura de la Corte Suprema no es excepcional en estos días ya que mucho de los juicios por crímenes de lesa humanidad se encuentran truncos.

El fuerte y rápido rechazo de diversos organismos de Derechos Humanos a dicho fallo se encuadra en que esta decisión puede provocar que muchos represores puedan acudir a los Tribunales a exigir el mismo trato. Por suerte, la decisión no es compartida por todos los jueces. Los jueces Oscar Alberto Herbolt, Ángel Gabriel Nardiello y Adriana Palliotti en el día de hoy rechazaron por unanimidad la excarcelación del coronel retirado Héctor Salvador Giribone, quien pretendía hacer uso del beneficio 2×1 para genocidas. 

Para el día 10 de Mayo a las 18 horas se convoca a una marcha en Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte Suprema, bajo la consigna “Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto. 30 mil detenidos-desaparecidos ¡presentes!”. También se esperan concentraciones en todo el país. 

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