Cosas que pasan en la UNCo…

Conflicto entre asociadas y asociados a la Cooperativa Mariano Moreno – prestadora de servicio de limpieza en el campus de General Roca – y la UNCo. Documento del vicerrector Daniel Nataine, que se transcribe completo en carácter de exclusividad para www.manoamanonoticias.com.ar

El vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue, Daniel Nataine, se refirió al conflicto que atravesó la institución en virtud de la toma del decanato de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales en General Roca desde el año pasado y de la ocupación del rectorado en esta capital. Al respecto, Nataine consideró, en un documento enviado a www.manoamanonoticias.com.ar en carácter de exclusividad, “que la Universidad cumplió con todos los acuerdos realizados con el grupo en conflicto, mientras que éste, en forma reiterada cambió continuamente las reglas y alteró, no sólo la relación con la gestión de la Universidad, sino también con la comunidad universitaria en su conjunto”.

Además, Nataine expresó que “La mayoría de la comunidad universitaria no avaló en ningún momento prácticas que se caracterizaron por la hostilidad, el enfrentamiento entre trabajadores y mucho menos acciones políticas destituyentes como la promoción de la renuncia de la decana de Lenguas, del decano de Derecho y Ciencias Sociales y del rector, cuestión que fue propuesta por integrantes de una agrupación estudiantil en una masiva asamblea de estudiantes.

En otro tramo del documento, el vicerrector dijo que: “Estos conflictos alientan la participación de grupos minoritarios que recurren a prácticas políticas con finalidades destituyentes, por cuanto no reconocen los procesos democráticos propios de instituciones como la Universidad, y son acompañados por sectores externos y que alteran el funcionamiento institucional y la buena convivencia dentro de una institución que tiene una función social de compromiso con la sociedad que la sostiene.

En un contexto de ajuste, de ahogo presupuestario y de descalificación permanente a las Universidades Nacionales y al Sistema Científico por parte del Gobierno Nacional, las acciones de determinados grupos políticos, algunos los cuales no obtuvieron representación en el cogobierno universitario mediante las elecciones de claustros, resultan funcionales a la pretensión de vaciamiento de las Universidades Nacionales. Aportan y contribuyen con el proyecto político de las clases dominantes, toda vez que la acción prioritaria de esta etapa histórica es la unidad política de la comunidad universitaria para frenar las políticas públicas de un gobierno nacional neoliberal, que se propone vaciar todo espacio en el que se delibere, se reflexione, se propongan otras políticas públicas y se confronte con la agenda política que prioriza los intereses de los grupos económicos más concentrados y de una minoría de la Argentina. Se pretende instalar un plan de desguace de áreas el Estado, tal como ocurrió en los años 90 y paradójicamente encuentran aliados en diversos espacios políticos locales”.

A continuación, transcribimos el documento completo:

En septiembre de 2015, luego de un proceso licitatorio, la empresa Litoral Cleaning S.R.L., comenzó a prestar el servicio de limpieza en el campus UNCo de General Roca (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Facultad de Lenguas). Esta empresa, cuya sede está en la provincia de Santa Fe, seleccionó personal y formó un equipo de trabajo de 10 personas, que se encuadraban dentro del Convenio Colectivo de Trabajo de empleados de Comercio.

En diciembre de ese año se inició el conflicto entre la empresa Litoral Cleaning S.R.L. y sus trabajadores por salarios adeudados. En consecuencia, funcionarios de la administración central de la UNCo intimaron a la empresa a regularizar la situación y se logró el compromiso de que no habría despidos. Sin embargo, en el mes de enero de 2016 mientras la Universidad se encontraba en receso, la empresa despidió a sus trabajadores con lo cual medidas de fuerza mediante, los trabajadores solicitaron la continuidad laboral e impidieron el acceso de la comunidad universitaria al predio de la FADECS y FALE. Estas medidas pusieron en riesgo el inicio del ciclo lectivo en dichas unidades académicas.

Se produjo una nueva intervención de la UNCo y, por las las reiteradas irregularidades y arbitrariedades de Litoral Cleaning S.R.L., se decidió la rescisión del contrato. La Universidad abonó las diferencias salariales adeudadas al personal despedido. Ese monto se descontó de la liquidación final que se realizó a la empresa.

A partir de ese momento comenzó un proceso en búsqueda de una solución a la situación de este grupo de personas, que contaban con una antigüedad de cuatro meses y que hubieran quedado desocupados sin la intervención de la Universidad. En ese momento, la demanda del grupo se centraba en mantener su fuente de ingresos y dentro de los parámetros del Convenio Colectivo de Trabajo de empleados de comercio.

Tras una mesa de trabajo, se firmó en febrero de 2016 un acta acuerdo que permitió superar la situación de conflicto, y se convino que las personas despedidas conformarían un Emprendimiento de Economía Social, que sería contratado según una figura admitida por los procedimientos administrativos aplicables, hasta la licitación del servicio. Esta solución permitía además que los integrantes de dicho emprendimiento, mejoraran sus ingresos. Hasta tanto los trabajadores despedidos pudieran conformar una Cooperativa o emprendimiento propio, la Universidad gestionó con cooperativas de la región la posibilidad de integrarlos como miembros, no obstante lo cual optaron por asociarse a la Cooperativa de Trabajo Mariano Moreno Ltda., con sede en la provincia de Buenos Aires.

En marzo de 2016 se firmó contrato con esa cooperativa, con las mismas obligaciones en cuanto al servicio de limpieza que tenía la empresa anterior. De esta manera, se logró dar contención a estas personas hasta la realización del proceso de licitación, de acuerdo con lo pautado en el Acta de febrero de 2016 y conforme a lo establecido en el procedimiento administrativo de las Universidades Públicas. En el momento de comenzar sus prestaciones, los asociados a la cooperativa destinados a cubrir el servicio de limpieza, estaba compuesto por un total de nueve miembros. La Universidad colaboró en la compra de insumos y herramientas para el grupo de personas puedan iniciar la prestación del servicio de limpieza.

A lo largo de este contrato hubo asociados del grupo original que se retiraron de la Cooperativa, y nuevos asociados se incorporaron al grupo original para prestar el servicio de limpieza en la FADECS – FALE -ése es el caso de Paula Reyes, hermana de quien fuera designada como representante legal del grupo de asociados ante la UNCo-. Estos ingresos y egresos fueron decisiones propias de los asociados, en tanto la UNCo solamente se limitó a certificar las prestaciones de servicio, en los términos del contrato celebrado entre las partes.

El cumplimiento del contrato y del Acta Acuerdo de febrero de 2016, por parte de la UNCo fue total durante todo el período, incluyendo actualizaciones de los valores de los servicios prestados por la cooperativa (alrededor del 45 por ciento, superior a los acuerdos salariales a nivel general). En cambio, el cumplimiento por parte de la cooperativa no fue así. Hasta septiembre 2016, más allá de algunas actitudes que fueron deteriorando las relaciones interpersonales entre algunos integrantes de la cooperativa y miembros de la comunidad universitaria, el desarrollo de las actividades, en términos generales, fue con normalidad.

En septiembre de 2016, las asociadas de la cooperativa, no prestaron el servicio de limpieza durante tres jornadas. Esto fue informado por las Facultades correspondientes y se les aplica una multa según lo establece el contrato firmado por las partes. A partir de entonces comenzó una nueva situación de conflicto, agotada por el inminente agotamiento de los plazos para la constitución de su propia organización, con lo cual se puso en riesgo la posibilidad de presentarse a la compulsa licitatoria prevista.

Entre otras demandas los representantes locales de la cooperativa requirieron que el vínculo de la misma con la Universidad continuara hasta la finalización del mandato de las autoridades actuales, sin licitación y que se devolvieran los montos de la multa Mientras tanto, interrumpieron la prestación del servicio. La administración central resolvió realizar la devolución de dicha multa en forma transitoria y advirtió que el cese en la prestación del servicio derivaría en una situación similar en febrero de 2017. También se informó que se realizaría un contrato de prórroga hasta que culmine el proceso licitatorio.

En febrero de 2017, nuevamente se aplica la multa por la falta de la prestación de servicios durante el mes de diciembre 2016. La respuesta de los integrantes de la Cooperativa fue exigirle a la Universidad la devolución de dicho descuento y el pase a planta permanente, desconociendo así el acta acuerdo de febrero de 2016, el contrato y la normativa vigente.

En marzo de 2017, se constituyó nuevamente una mesa de trabajo, en la cual la Universidad propuso continuar con la actual prestación del servicio de limpieza hasta la concreción del proceso licitatorio -previsto para el mes de junio de 2017- en el marco de lo acordado en el Acta de febrero de 2016. En este contexto, las ex asociadas a la cooperativa se niegan a la firma del contrato de prórroga.

Esta mesa se frustró por el abandono intempestivo y unilateral de los representantes locales de la cooperativa y su patrocinante letrada, con su negativa a continuar el diálogo, aludiendo que ya no estaban vinculados con la Cooperativa de Trabajo Mariano Moreno Ltda y que la única solución al conflicto era el pase a planta permanente de la Universidad del total de los asociados, incluso los recientemente incorporados.

El 10 de abril integrantes de este grupo tomaron las instalaciones del Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta Universidad, impidiendo el trabajo del personal no docente de la unidad académica y afectando toda actividad docente. Lamentablemente esta acción agravó el conflicto, y condicionó las acciones de contención que la UNCo proponía. Por lo tanto, las autoridades, según la normativa vigente, dio por finalizada la relación con la Cooperativa. La ocupación de las oficinas del decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales impidió el ingreso de docentes, no docentes y estudiantes al campus de General Roca, lo cual generó la paralización de las actividades en ambas Facultades. Miembros de la comunidad Universitaria (no de la gestión de gobierno universitario) realizaron presentaciones ante la Justicia Federal (dos denuncias penales y dos recursos de amparo). A partir de dichas presentaciones se produjo el ingreso al predio de la sede de General Roca de la UNCo de dos notificadores, de civil y sin armas, para constatar la veracidad de la denuncia y notificar a los que toman el Decanato (como se ve, esto no constituye ningún intento de uso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes)

Luego de diversas reuniones entre miembros de la comunidad universitaria se reunieron grupos numerosos de los diferentes claustros y se pudo ingresar al predio, se restablecieron las actividades académicas en todos los sectores menos en el edificio donde se encuentra la oficina de decanato de FADECS. Una de las primeras acciones, producto de la iniciativa de la Secretaria de Bienestar de la UNCo, fue la apertura del comedor universitario. Luego se realizó la apertura del antiguo edificio, las aulas y la biblioteca. Inmediatamente el Centro de Estudiantes abrió el barcito que gestionan y se inició la reprogramación de las actividades académicas del primer cuatrimestre.

A pesar de que la Universidad siempre propició espacios de diálogo y modos de contención social buscando una salida al conflicto, hubo actitudes abiertamente hostiles de algunos miembros del grupo de ex asociados a la Cooperativa Mariano Moreno, las cuales dificultaron mucho la labor en la mesa de diálogo. Esa situación y la judicialización del conflicto siempre actuaron como obstáculos para lograr acuerdos.

En tal sentido, con el patrocinio letrado de la abogada. Victoria Naffa, ex integrantes de la Cooperativa Mariano Moreno realizaron acciones en contra de la UNCo. Dos acciones ya han sido desestimadas por juzgados de la ciudad de General Roca. Otra se tramita ante la Cámara Federal de esa ciudad de Río Negro y la otra ante la Delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la ciudad de Neuquén. También se inició la objeción formal e impugnación al llamado a licitación gestionado por la Universidad, que incluye y habilita la presentación de cooperativas, mutuales y otros emprendimientos de la economía social para prestar el servicio de limpieza en el campus UNCo de General Roca.

El 21 de junio de 2017 un grupo de aproximadamente treinta personas tomó el sector de acceso directo a Rectorado y a otras dependencias de la UNCo (Secretarías: de Hacienda, General, Académica, Vicerrectorado y Unidad de Auditoría Interna). A partir de esta medida extrema, en cumplimiento de los deberes de funcionario público, el Rector Gustavo Crisafulli expuso la situación ante el Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, por ser la jurisdicción correspondiente y al no poder garantizar la protección del patrimonio y la documentación de una Universidad Nacional. Es absolutamente falso que el rector Crisafulli criminalice la “protesta social”, sino hubiese informado sobre lo ocurrido a la justicia, a esta hora estaría procesado por no cumplir con sus deberes.

La toma del Rectorado se mantuvo hasta el lunes 10 de julio, cuando se retiraron espontáneamente – por propia voluntad levantaron la medida de fuerza -, cuestión que fue informada por autoridades de la Universidad al día siguiente al Juzgado Federal N°2 con sede en la ciudad de Neuquén.

Los primeros días de junio, por razones personales, renunció a su cargo de vicedecana de FADECS, licenciada Ana Matus. Pocos días después el decano Carlos Pescader solicitó una licencia por razones de salud. Ante esta situación y por aplicación del estatuto de la UNCo, asumió el licenciado Andrés Ponce de León, por ser el consejero docente de mayor antigüedad en el Consejo Directivo de esa Facultad. Si la vicedecana no hubiese renunciado, a esta hora estaría ocupando el cargo hasta la reincorporación del decano con lo cual se podría haber evitado la asunción de un docente que pertenece a otro espacio político, y evitar así una mayor agudización de la crisis institucional.

A más de tres meses, considero que la Universidad cumplió con todos los acuerdos realizados con el grupo en conflicto, mientras que éste, en forma reiterada cambió continuamente las reglas y alteró, no sólo la relación con la gestión de la Universidad, sino también con la comunidad universitaria en su conjunto.

Es falso que la Universidad haya despedido a trabajadores durante la presente gestión, y en este caso en particular la realidad es que los ex integrantes de la cooperativa renunciaron a su vinculación con esa entidad. De esta forma, finalizó la relación entre la Cooperativa Mariano Moreno Ltda y la UNCo.

En tal sentido, hablar de reincorporación de trabajadores es una distorsión de la realidad, toda vez que no se puede reincorporar a quienes no pertenecían a la institución. Lo que es presentado por este grupo de personas como un conflicto laboral en realidad es un incumplimiento contractual por parte de los entonces miembros de la Cooperativa para con la UNCo. La Universidad intentó resolver las diferencias a través del diálogo, mientras que fueron los ex asociados a la cooperativa quienes judicializaron el conflicto.

La mayoría de la comunidad universitaria no avaló en ningún momento las prácticas que se caracterizaron por la hostilidad, el enfrentamiento entre trabajadores y mucho menos acciones políticas destituyentes como la promoción de la renuncia de la decana de Lenguas, del decano de Derecho y Ciencias Sociales y del rector, cuestión que fue propuesta por integrantes de una agrupación estudiantil en una masiva asamblea de estudiantes.

Sin embargo, en un claro ejercicio de la ciudadanía universitaria del movimiento estudiantil, la propuesta de neto corte destituyente fue rechazada por abrumadora mayoría. Gran parte de quienes se propusieron colaborar en una superación del conflicto a partir de febrero de 2016 y acompañaron la búsqueda de una solución al legítimo reclamo de un puesto trabajo digno, un año después terminaron siendo víctimas de las actitudes hostiles de algunos de los ex cooperativistas. Hoy se sigue buscando y gestionando una salida que de contención social y una fuente de ingreso a las personas que lo necesitan, pero considero que los obstáculos están más en quienes los asesoran que en quienes requieren de un empleo. Por ello se ha planteado desde la UNCo que en las próximas mesas de diálogo estén presentes la totalidad de trabajadores y trabajadoras.

Estos conflictos alientan la participación de grupos minoritarios que recurren a prácticas políticas con finalidades destituyentes, por cuanto no reconocen los procesos democráticos propios de instituciones como la Universidad, y son acompañados por sectores externos y que alteran el funcionamiento institucional y la buena convivencia dentro de una institución que tiene una función social de compromiso con la sociedad que la sostiene.

En un contexto de ajuste, de ahogo presupuestario y de descalificación permanente a las Universidades Nacionales y al Sistema Científico por parte del Gobierno Nacional, las acciones de determinados grupos políticos, algunos los cuales no obtuvieron representación en el cogobierno universitario mediante las elecciones de claustros, resultan funcionales a la pretensión de vaciamiento de las Universidades Nacionales. Aportan y contribuyen con el proyecto político de las clases dominantes, toda vez que la acción prioritaria de esta etapa histórica es la unidad política de la comunidad universitaria para frenar las políticas públicas de un gobierno nacional neoliberal, que se propone vaciar todo espacio en el que se delibere, se reflexione, se propongan otras políticas públicas y se confronte con la agenda política que prioriza los intereses de los grupos económicos más concentrados y de una minoría de la Argentina. Se pretende instalar un plan de desguace de áreas el Estado, tal como ocurrió en los años 90 y paradójicamente encuentran aliados en diversos espacios políticos locales.

Mg. Daniel Nataine

Vicerrector

UNCo

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