Condena histórica por el Plan Cóndor

Tras 16 años de tramitar el primer proceso en Latinoamérica que investiga los crímenes cometidos de forma coordinada durante las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, El Tribunal en lo Criminal Federal 1 de Buenos Aires fijó penas para 15 de los 17 acusados, todos argentinos salvo un uruguayo, por asociación ilícita.

El Tribunal en lo Criminal Federal N°1 dio por probado que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas, más allá de las fronteras. Los alcances del Plan quedaron demostrados en su total magnitud.
Por varios motivos, se trata de un juicio con características particulares y de suma importancia regional: la gran cantidad de documentos encontrados, las cientos de declaraciones de testigos en forma presencial y por videoconferencia desde sus países de residencia. Además del universo alcanzado de personas que resultaron víctimas; entre las que se encuentran militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantiles de distintas nacionalidades. Esta trama permitió dar cuenta de la existencia de un sistema formal de coordinación represiva entre las dictaduras de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
La sentencia fue seguida en varios países. En la embajada Argentina en Uruguay se dieron cita unas 60 personas que, en su mayoría, declararon como testigos durante este largo juicio. Diarios y portales informativos de todo el mundo levantaron la histórica noticia.

¿Qué fue el plan cóndor?
Fue un plan que se llevó a cabo en las décadas de 1970 y 1980 durante las dictaduras militares en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, con participación de los Estados Unidos.
La finalidad de esta organización era el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o muertes de personas, consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado. Es decir, contrarias al pensamiento político e ideológico, y también no compatible con el gobierno de los Estados Unidos y dictaduras militares de la región.

Este plan fue constituido en una organización clandestina internacional que instrumentó el asesinato y desaparición de miles de personas opositoras al gobierno militar.
Este fue el primer juicio en Latinoamérica que reconoce la existencia del Plan Cóndor como un “sistema criminal e institucionalizado”, dijo la abogada Luz Palmas, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG argentina de derechos humanos que representa a varias familias querellantes.
El Plan Cóndor preveía tres etapas: la identificación de los opositores, su eliminación o secuestro en los países sudamericanos y, finalmente, la neutralización de los exiliados fuera de la región, explicó la abogada.
En la causa abierta en 1999, que llegó a juicio en 2013, se abordó el caso de 105 víctimas del Plan Cóndor, de los cuales 45 eran uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos.

TODAS LAS CONDENAS
1-Santiago Omar Riveros: 25 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
2-Miguel Ángel Furci: 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
3-Reynaldo Benito Bignone: 20 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
4-Eduardo Samuel De Lío: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
5-Humberto José Román Lobaiza: 18 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
6-Enrique Braulio Olea: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
7-Luis Sadi Pepa: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
8-Rodolfo Emilio Feroglio: 20 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
9-Carlos Caggiano Tedesco: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
10-Antonio Vañek: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
11-Eugenio Guañabens Perelló: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
12-Felipe Jorge Alespeiti: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
13-Manuel Cordero Piacentini: 25 años de prisión.
14-Néstor Horacio Falcón: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
15-Federico Antonio Minicucci: ocho años de prisión.

El genocida Jorge Rafael Videla figuró entre los acusados de este juicio pero murió preso en una cárcel común en 2013 a los 87 años. Argentina detenta el mayor número de condenas a represores de la época, en comparación con sus vecinos.
El exagente civil de inteligencia argentino Miguel Ángel Furci, acusado en la causa bautizada Automotores Orletti II, escuchó su condena a 25 años como “coautor penalmente responsable agravado por violencia” de 67 víctimas.
Orletti fue un centro clandestino de detención en un antiguo taller mecánico en el oeste de Buenos Aires, donde se torturó a extranjeros secuestrados en el marco del Plan Cóndor.
Las vistas del debate judicial por la Operación Cóndor comenzaron el 13 de marzo de 2013, y el veredicto que se conoció el viernes 27 de mayo alcanzará a 18 de los 31 acusados que llegaron a juicio oral.
La causa tiene una relevancia única al ser el primer juicio en Latinoamérica que logra llegar al fallo de penas de un enjuiciamiento cuya existencia se conoce hace años.
El tribunal -integrado por los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto)- dará a conocer los fundamentos del fallo el 9 de agosto.

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