Bullrich y la nueva doctrina de seguridad nacional

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó en claro que “la versión de las fuerzas es versión de verdad” lo que quiere decir lisa y llanamente que si la cana te agarró es porque “algo habrás hecho”.

Por estas horas vivimos debates que atrasan siglos. Se instala en la opinión pública la idea de la pena de muerte. Una vez más, los medios concentrados acompañan las iniciativas del ejecutivo nacional que habilita la mano dura y gatillo fácil como únicas formas de interacción con los sectores populares.

El caso Luis Chocobar, el policía de la bonaerense que estando fuera de servicio, intervino en un asalto y disparó a mansalva hiriendo de muerte y por la espalda a uno de los dos asaltantes, puso en discusión el accionar de las fuerzas de seguridad.

Al respecto, y antes de que circulara un vídeo en el que se ve a Chocobar corriendo al ladrón y disparando, el policía declaró haber actuado en legítima defensa en el momento en el que, supuestamente, el asaltante lo amenazaba con un cuchillo. El Presidente Macri lo recibió y respaldó, y a continuación todo el gabinete se pronunció en sintonía.

La ministra Bullrich considera que el agente no llevó adelante una “acción de legítima defensa, sino de cumplimiento de deberes de funcionario público” y aquí es donde surge la esencia de la nueva doctrina. Chocobar fusiló por la espalda a un ladrón; su deber de funcionario público podría haber sido, intervenir y reducir o detener a quien cometió un delito, pero jamás puede arrogarse la decisión de terminar con la vida de alguien. Ni siquiera bajo el supuesto de legítima defensa porque no es la misma la responsabilidad de una persona supuestamente preparada y formada para lidiar con el delito, que un ciudadano de a pie que actúa por el impulso y el temor frente a una situación similar.

Cuando el debate se simplifica, la democracia pierde. Los poderes del Estado se diluyen y comenzamos a vivir en un Estado de excepción. Porque aún cuando la pena de muerte en nuestro país existiera, previo a la ejecución debe llevarse adelante un juicio, donde se comprueben las responsabilidades y recién entonces se determine la sanción.

Sin embargo, el accionar del policía, la connivencia de la institución y el respaldo del gobierno macrista, dan carta blanca al gatillo fácil. Marcos Peña le dijo a Chocobar “Necesitamos más policías como usted, es un héroe”.

Los números que son personas

Mientras que la ministra sostiene “que la justicia haga lo que quiera nosotros como política pública vamos a llevar adelante la defensa de la policía en acción” desde la Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional) muestran los números de personas asesinadas por el Estado.

En un informe pormenorizado, la Coordinadora registra más de 700 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde que asumió Mauricio Macri, esto quiere decir más de una persona por día. Tal como figura en el informe, en menos de dos años, el gobierno de Cambiemos ya es responsable del 13,27% del total de muertes ocurridas desde diciembre de 1983. Otro de los datos alarmantes es que de los casos registrados, la mayor parte de las víctimas tenían 25 años o menos, y pertenecen a los sectores populares.

Y es que no son improvisados, ni les falta información; cada vez que el presidente o su gabinete hacen declaraciones que atentan contra los derechos de los trabajadores, la libertad de expresión y movilización, lo hacen convencidos de que han venido a cambiar el paradigma. La represión resulta necesaria para un gobierno que insiste con ajustar sobre los sectores populares, quitar derechos y achicar el Estado.

María del Carmen Verdú, abogada e integrante de la Correpi, sostuvo que “venimos alertando sobre su sostenido avance sobre nuestros derechos, y en particular sobre todas las formas de protesta. La lista de iniciativas oficiales, muchas concretadas, otras frenadas por la movilización popular, es enorme: Protocolo antipiquete, declaración de emergencia nacional en seguridad ciudadana, corralito para encerrar a las y los trabajadores de prensa, profundización del uso de las herramientas para interceptar y detener personas arbitrariamente, militarización masiva de las barriadas populares, proyectos de reformas regresivas a los códigos penal y procesal penal, creación de la Policía de la Ciudad, conformación del ´comando unificado´ de fuerzas federales y locales con una lógica bélica para la intervención en manifestaciones, incremento de la presencia policial de civil, infiltración y espionaje sobre organizaciones y militantes”.

Sobre esto último, y en relación a las detenciones ilegales de las últimas grandes movilizaciones de diciembre en Capital Federal, Verdú advierte que “En el edificio de Comodoro Py se ha decretado el estado de excepción, con la muerte del derecho a la privacidad de las comunicaciones y a libertad de opinión y la presunción de culpabilidad de cualquier detenido o detenida en una movilización. En todas esas causas, los jueces ordenaron descargar de los celulares de los detenidos y detenidas todos los contactos, mensajes recibidos y enviados por cualquier sistema, fotos, videos y archivos de todo tipo”.

En nuestra región la estigmatización del Pueblo Mapuce, el fusilamiento de Rafael Nahuel, la puesta en marcha del aparato judicial para armar causas, los allanamientos sorpresivos, el ascenso del único gendarme imputado en la desaparición de Santiago Maldonado, no son acciones aisladas. No son siquiera mensajes encubiertos. Este gobierno busca disciplinar mediante la flexibilización laboral y la represión. La única posible respuesta a la avanzada de la derecha es la organización popular. La construcción de acuerdos que nos permitan tener unidad de criterio y de acción para resistir los años venideros.

 

Por Gimena González Eastoe

 

*el Informe de la CORREPI completo: http://www.correpi.org/2017/archivo-2017-cada-23-horas-el-estado-asesina-a-una-persona/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *