Alternativas a Mediano y Largo Plazo

Gimena Gonzalez Eastoe

La energía es una demanda social, que actualmente cruza todas y cada una de las actividades de una comunidad. Todo lo que hacemos requiere de energía y todo a futuro seguirá el mismo curso. Entonces, si un país no cuenta con la producción propia de energía, debe comprarla a otros países, a riesgo de frenar su desarrollo si no lo hace. Volviéndose con ello, económica y energéticamente dependiente.

En el caso puntual de la Argentina, esta matriz energética puso de relieve el año pasado que el 65% de su energía era a base de hidrocarburos (gas, carbón, petróleo y sus derivados). El resto se repartió entre hidroeléctrica (casi un 30%), nuclear (5%) y sobre energías renovables como el sol y el viento, apenas el 0,29%.

El hecho de que nuestro país mantenga una matriz energética dependiente de los hidrocarburos, no sólo nos sitúa en un permanente conflicto ambiental, sino que no genera perspectivas de actividad energética más rentables y saludables.
A través del acuerdo entre YPF y Chevron, se eligió superar este déficit produciendo más gas y petróleo, buscando alcanzar la soberanía energética. Sin contar que la explotación se realizará sobre hidrocarburos no convencionales, que han demostrado en otros países la alta contaminación que provocan, devastando pueblos enteros.

Las energías alternativas, como la eólica o la solar poseen ventajas económicas y permitirían proyectar su utilización a largo plazo. No sólo no contaminan, sino que además no se agotan, y en nuestro país hay de sobra viento y sol, por ende, sus precios dependen sólo de regulaciones públicas y desarrollos tecnológicos; completamente contrarios a lo que ocurre con los hidrocarburos que tienen su variable de ajuste en la escasez que permite que sus “dueños” especulen con los precios.

Está claro que el Estado no posee las reservas necesarias para avanzar con el cambio radical de la matriz energética aunque quisiera, pero es preciso pensar que aquella inversión que se pretende conseguir de 37.000 millones de dólares, podrían ser en parte re-direccionados en la generación de tecnología local y proyección integral de energías renovables. Si se tiene en cuenta los costos de los últimos parques eólicos construidos en el país, con esas inversiones se crearían instalaciones que tendrían capacidad de producir el equivalente al 60% de su capacidad actual, reemplazando lo que hoy día se ocupa de energía hidrocarburífera. Además el estado posee entes que regulan y homologan la actividad renovable para que funcione (como el INTI) y además la financiación sería en pesos.

Es tiempo de pensar más allá de la cotidianeidad, de la rentabilidad inmediata y nos demos a la tarea de pensar qué mundo estamos dejando a los que vienen atrás.

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