#AbortoLegal: “El Estado penaliza a las mujeres que abortamos y criminaliza la sexualidad de la mujer”

“Los argumentos de la “negligencia femenina” sacan de foco la responsabilidad del Estado de llevar a cabo políticas de salud pública y educación para prevenir tanto los embarazos no deseados como las enfermedades de transmisión sexual y la muerte de miles de mujeres por abortos clandestinos” expresó Azul Dragone en la comisión que lleva adelante el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Azul es estudiante de Derecho, militante feminista y referente del Frente de Mujeres Empoderadas de Neuquén. Junto a Barabini participó en la décima jornada de debate por el Derecho al Aborto Legal. Compartimos su exposición completa.

Para este debate que celebramos desde el Frente Empoderadas, creo necesario hacer mención a las históricas luchas de las mujeres en el mundo y, por supuesto, las grandes luchas feministas llevadas a cabo en nuestro país. Una compañera una vez me dijo “las mujeres nacemos resistiendo”; ustedes se preguntarán ¿resistiendo a qué?. Las mujeres nacemos en resistencia a un sistema que nos oprime, nos desvaloriza, nos domina, nos coacciona, nos vulnera y no nos deja vivir libres; un sistema que no distingue clases sociales; un sistema que ha sido trasversal a todos los gobiernos: el sistema patriarcal.

Las mujeres debimos luchar para ser consideradas personas y dejar de ser así objetos de gestación intercambiables por una dote. Hemos tenido que salir a las calles a pedir, simplemente, que seamos consideradas ciudadanas tal como los hombres. He aquí la diferencia entre los hombres ostentadores de derechos y privilegios y las mujeres quienes incansablemente debimos salir a luchar para ser consideradas. En nuestro país esta fuerza se ha hecho eco y proyectado en varias leyes sancionadas en este Honorable Congreso de la Nación, como la Ley del voto femenino, la Ley de Divorcio, Ley de Identidad de género, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Ley de matrimonio igualitario y las últimas modificaciones del código civil y comercial.

Sin embargo, aunque los derechos civiles y políticos se han acrecentado; los concernientes a la toma de decisión de nuestros cuerpos, nuestra sexualidad e incluso la impuesta maternidad, han sido relegadas por cuestiones meramente morales. Seguimos ocultando en la penumbra la sexualidad que recorren nuestros cuerpos considerando tabú el placer de la mujer y los cuerpos gestantes, adjudicándole sólo éste derecho al hombre; mientras que las “consecuencias” y “responsabilidades” que pueden conllevar estas actividades recaen primordialmente sobre la mujer, pues el hombre puede retirarse de la escena sin ser condenado socialmente de la manera que sí somos condenadas nosotras si decidimos no seguir con el embarazo.

Se ha escuchado mucho en este recinto que las mujeres y los cuerpos gestantes tenemos herramientas suficientes para prevenir embarazos no deseados, siendo injustificado sancionar esta normativa, y acorde a esto, se utilizan argumentos tales como que nos embarazamos porque queremos o porque preferimos abortar antes que ser responsables. Pero ¿qué tan real es la posibilidad de conocer estas herramientas? Y ¿por qué consideramos que sólo nosotras somos las responsables de la prevención?. Como militantes del campo nacional y popular consideramos que el Estado es el ejecutor de estas políticas públicas y, que por tanto, es responsabilidad del mismo Estado llevar a cabo la tarea de acercar al pueblo estas herramientas como así también proteger a las mujeres.

Azul Dragone en la 10º jornada de Debate por la Ley IVE

La ley de Educación Sexual Integral dispone en su artículo primero “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.” Entendemos esta normativa como base primordial para que todos y todas podamos decidir sobre nuestros cuerpos y llevar a cabo nuestra sexualidad de forma libre y segura. Sin embargo, en los hechos y durante los últimos dos años, la misma no fue ejecutada en todos los establecimientos educativos, las capacitaciones a lxs educadorxs han disminuido considerablemente desde 2015 a 2017, sin contar los innumerables establecimientos educativos públicos y privados que se han negado a enseñarles a lxs estudiantes  anteponiendo la moral cristiana antes que el derecho a decidir y ser educadxs.

En Neuquén, por ejemplo, un colegio privado religioso, que no está exento por ello de aplicar la ESI, decidió no dictar estas clases y, aún más, adoctrinó a sus alumnas y alumnos de nivel primario sobre lo terrorífico y malvado que era la aprobación de esta ley. Y digo “adoctrinar” porque bien sabemos que los menores no son conscientes a esa edad de qué hablamos cuando hablamos de aborto y, menos aún, si ni siquiera les enseñan sobre educación sexual.

Sumado a esto, también sabemos que  este gobierno está desabasteciendo los hospitales públicos de anticonceptivos (preservativos, pastillas, parches e inyecciones); como así también, de personal de salud que ante la situación deplorable de los hospitales y sus condiciones de trabajo vacían estos establecimientos.  De nada sirven leyes de avanzada si no se otorgan los presupuestos necesarios para llevarlas a cabo.

Por tanto, los argumentos de la “negligencia femenina” sacan de foco la responsabilidad del Estado de llevar a cabo políticas de salud pública y educación para prevenir tanto los embarazos no deseados como las enfermedades de transmisión sexual y la muerte de miles de mujeres por abortos clandestinos. El Estado penaliza a las mujeres que abortamos y, en un sentido más amplio, criminaliza la sexualidad de la mujer, e incluso, me atrevo a decir, que penaliza a la mujer pobre, ya que, quienes nos encontramos en mejores condiciones económicas no dependemos necesariamente del sistema de salud público y, teniendo alrededor de $30.000, podemos llevar a cabo la interrupción de un embarazo no deseado a sabiendas de que estaremos protegidas, intervenidas por un profesional, en un ámbito higiénico y por tanto lejos de la muerte.

Las consecuencias de la irresponsabilidad del Estado son las miles de muertes que se suscitan por no llevar a cabo estas políticas públicas y por no entender que, sin la despenalización del aborto, seguirán siendo cómplices de esas muertes. Las militantes del campo nacional y popular consideramos que la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es fundamental para que dejemos de morir en la clandestinidad. Para que se lleve a cabo la justicia social es necesaria la equidad de género, y con ello, me refiero a que tengamos el mismo derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y que la maternidad sea una opción y no una imposición. Es por ello que lxs interpelo a ustedes, legisladores y legisladoras, a que recuerden que el pueblo fue quien confió en su representatividad y que por ello, ustedes son responsables de pensar por el pueblo y no anteponer sus pensamientos personales y morales ante las necesidades del mismo.

Hoy estamos solicitando que escuchen el pedido del pueblo; que se hagan eco de la lucha del movimiento de mujeres que canta afuera de este Congreso “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Las mujeres necesitamos decidir sobre nuestros cuerpos, disfrutar de nuestra sexualidad en libertad y dejar de morir en la clandestinidad. Ustedes como representantes del pueblo tienen la responsabilidad de sancionar políticas de salud pública que protejan a la población; y sobre todo, a quienes están más desprotegidos. Donde existe una necesidad nace un derecho; y sin equidad de género no habrá justicia social, por ello pedimos desde el Frente Empoderadas de Neuquén: “Aborto Legal, Seguro y Gratuito”.

 

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